La paliza que dieron agentes penitenciarios a un recluso en Puerto Plata

A cuatro agentes del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata, un juez le impuso cumplir prisión preventivas acusados de dar una golpiza a un recluso que dejaron por muerto.

Una comunicación de prensa de la misma Procuraduría General de la República, describe la tortura de la que fue objeto el privado de libertad Juan Carlos Almonte Núñez, alias el Amarillo, en un hecho ocurrido el pasado 5 de febrero, después de que sus verdugos escucharon su recomendación a uno de sus compañeros sobre cómo denunciar los abusos.

El primer golpe que los acusados dieron al reo fue “una patada a la puerta de la celda de reflexión, luego “una trompada, a lo que la víctima reacciona y se defiende”, un tercer agente “lo golpea con un bate de aluminio y le rompe varias costillas”.

El cuarto miembro de seguridad, con otro bate, “le rompe un pie”. No se conforman con la tunda y utilizan también una “macana de fibra de color negro” y lo golpean por la cabeza, “ocasionándole un traumatismo”.

“Con los golpes proporcionados, la víctima cae al suelo semiinconsciente, lo esposan, y entre todos los imputados siguen maltratándolo, y aun estando esposado le abrieron la boca y le aplicaron gas pimienta por boca y nariz, aumentando mucho más su dolor físico”, describe el Ministerio Público.

Los acusados

Los agentes penitenciarios son Gerald Miguel Calderón, Sandy Esteban Ramírez, Luis Milanés, Leonardo Javier Franco Caraballo y Reynaldo Polanco Gómez, a quienes se les impuso tres meses de prisión por la paliza al interno.

La medida de coerción impuesta por el juez Romaldy Marcelino Henríquez, radica en la investigación realizada por la Procuraduría Regional de Puerto Plata, que dirige Santos Ysidro Fabián.

Lo que provocó la furia de los miembros de seguridad  

La acusación contra los agentes penitenciarios establece que los hechos ocurrieron cuando el interno José Reynaldo Almonte Tavárez se encontraba en la celda de reflexión, junto con el señor Juan Carlos Almonte Núñez (el Amarillo y/o Jean Luis Almonte), y al notar la presencia de Juan Antonio García Balbuena, subdirector de tratamiento del CCR-1, le manifiesta que fue maltratado por unos agentes, mostrándole los golpes que había recibido la noche anterior.

En esas circunstancias, la víctima Juan Carlos Almonte Núñez, le dice en voz alta al interno José Reynaldo Almonte Tavárez, que no le mostrara nada, que, a quien él tenía que mostrarle y decirle es al Juez de Ejecución de la Pena, que ellos no deben maltratar, ni golpear, ni tratarlos así, que ellos son seres humanos, que lo que había era que denunciarlos a los derechos humanos y a las autoridades.

“Cuando Juan Carlos Almonte Núñez (el Amarillo y/o Jean Luis Almonte), terminaba de decir esas palabras, el agente Gerard Miguel Calderón Mateo, hoy imputado, le da una patada a la puerta de la celda de reflexión, mientras que el agente penitenciario Luis Julián Soriano Milanés, hoy también imputado, le dice cállese y le da una trompada a Almonte Núñez, a lo que este reacciona y se defiende, y es ahí que el imputado Gerard Miguel Calderón Mateo, lo golpea con un bate de aluminio y le rompe varias costillas, mientras se une a la trifulca el imputado Sandy Esteban Ramírez Féliz, quien, con un bate le rompe un pie, seguido el imputado Luis Julián Soriano Milanés agarra una macana de fibra de color negro y lo golpea por la cabeza, ocasionándole un traumatismo”, narra la imputación.

El Ministerio Público dice que como resultado de la brutal agresión, Juan Carlos Almonte Núñez fue dejado semiinconsciente en la celda, con múltiples heridas graves, por lo cual acusa a los agentes de asociación y concertación voluntaria para cometer castigo corporal, sufrimientos físicos y actos de barbarie, disminuyendo la capacidad física, y golpes y heridas agravada en perjuicio de Juan Carlos Almonte Núñez.

El CCR San Felipe, con el sistema del nuevo modelo

El CCR de San Felipe es una de las primeras cárceles que funcionan con lo que se conoce como “nuevo modelo”, y cuyos tratamientos a los reclusos procura un mayor respeto a su dignidad humana, para su reinserción a la sociedad.

Para esas penitenciarías la selección de la seguridad, uno de los requisitos es que los agentes no deben ser policías ni militares.

Aunque la nueva Ley 113-21 que regula el Sistema Penitenciario Dominicano ya establece un solo modelo de gestión en las diferentes cárceles, casi la mitad de ellas 22, de 41, según han informado las autoridades, la seguridad está a cargo de los jóvenes a los que se les exige no estar en la Policía ni en organismos castrenses para ingresar a trabajar en esos centros.

De las restantes penitenciarías, siete, incluida la más poblada, La Victoria, son vigiladas por la Policía y 12 por el Ejército, según las autoridades, pero están en un proceso de transición de reforma.