Especialistas plantean soluciones para salvar la cuestionada ley creó la DNI

La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró este miércoles un conversatorio con especialistas sobre la Ley orgánica 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el que se abordaron puntos por puntos "las ambigüedades" que dejan la normativa en la ilegalidad, así como las posibles soluciones.

En este debate, los panelistas analizaron aspectos de la nueva ley que pueden entrar en conflicto con la Constitución dominicana, qué tan necesaria es la creación de una ley de la DNI y la presencia o no de una orden judicial al momento de requerir información a terceros.

Igualmente, abordaron las preocupaciones sobre el derecho a la libertad de expresión que ha suscitado esta normativa entre periodistas. Otro aspecto que se tocó, fue la posibilidad real que tienen las acciones de inconstitucionalidad sobre la nueva ley, que ya han tocado las puertas del Tribunal Constitucional.

En este sentido, los juristas enarbolaron algunas salidas que podrían considerarse para salvar la nueva y cuestionada normativa.

Con la moderación del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, y el abogado especialista en Derecho Constitucional, Francisco Franco, inició el análisis acentuando la alegada falta de definiciones en la ley.

Las críticas

“Al momento de aplicar la norma, hay un margen de discrecionalidad tan amplio que –en un país con una cultura democrática en construcción- deja muchos conceptos jurídicos indeterminados”, aseveró Franco.

En el aspecto del derecho a la información, el jurista planteó que ésta presenta “lagunas normativas”, pero que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de “salvar la ley” subsanando algunas de las debilidades en las que haya incurrido el legislador.

De su parte, el abogado especializado en derecho procesal penal, Francisco Álvarez Martínez, dijo en el foro que los culpables del nacimiento de una pieza que viola derechos “somos todos”, tanto los legisladores, como el presidente de la República, Luis Abinader, que pudo observarla y no promulgarla.

Sin embargo, indicó que existe un mandato constitucional que plantea que la ley debe existir.

Ricardo Rojas León, especialista en derecho constitucional, cree que se debe aprovechar que ya está aprobada y solo corregir los aspectos que entiende violan derechos fundamentales. “Esta sociedad está tratando de construir un estado social y democrático de derecho”, puntualizó.

Sugirió que en la ley se debió aprovechar para crear un sistema nacional de inteligencia. También, establecer los requisitos que debe tener un ciudadano para ocupar la posición de director nacional de la DNI.  

Dijo que la ley menciona planes y programas en los que la DNI debe mantener al día al presidente de la República, como la seguridad alimentaria, ambiental, salud, energética, cibernética, económica y financiera, funciones que, a juicio del jurista, no tienen nada que ver con esta institución.

“Me parece que esto es una sobrecarga en funciones que son de otras instituciones públicas”, acotó.   

En el foro también participó la periodista Edith Febles, quien rechazó el polémico artículo 11 de la ley, que establece que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal están obligadas a entregar a la DNI todas las informaciones que se requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento.

Este conversatorio se llevó a cabo en el auditorio del campus Santo Domingo de la PUCMM, donde se congregaron estudiantes, académicos, periodistas y abogados.