Tribunal dicta apertura de juicio en contra de Micky López y miembros de su familia

El Segundo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo dictó auto de apertura a juicio en contra de Miguel Arturo López Florencio (Micky López) y otras personas señaladas como integrantes de una red dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico, presuntamente encabezada por el empresario. 

La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, quien preside este tribunal, en contra de López, de sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también en contra de Ada Marie Pilarte, hermana de la diputada Rosa Pilarte, esposa de López Florencio. 

La Procuraduría informó en un comunicado que en el proceso también fueron admitidas las empresas Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL., Auto Crédito Selecto, SRL y Compañía Serví crédito Gloria Ivette SRL, quienes habrían sido utilizadas “por esta red como medios para el lavado de activos provenientes del narcotráfico”. 

El tribunal también acogió la calificación jurídica otorgada al proceso por el Ministerio Público, en la que establece que el comportamiento de los supuestos miembros de esta red constituye una violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la República Dominicana, y de la Ley 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Además, habrían violado las disposiciones de la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también el Código Tributario Modificado por la Ley 11- 92.

“La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la fiscal Aura Luz García, Fiscalía de La Vega, ha establecido en su acusación que esta red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa, teniendo como López Florencio”, señala el comunicado. 

Los presuntos integrantes de la red, a través de la estructura que habrían conformado, “lograron movilizar en el sistema financiero dominicano, más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas según lo hace constar el Ministerio Público en su acusación”. 

Los señalados habrían blanqueado los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.

“Los acusados se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad”, concluye la Procuraduría.