Seis meses de prisión preventiva contra uno de los imputados en Operación Colibrí
La semana pasada, dictaron prisión a ocho acusados y garantía económica a otros siete
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Julio Araújo, impuso seis meses de prisión preventiva contra Fausto Merán, uno de los implicados en la organización criminal desmantelada mediante la Operación Colibrí.
La semana pasada, el abogado de Merán abandonó la sala de audiencia impidiendo que el juez diera a conocer la medida de coerción impuesta a su defendido.
En la audiencia anterior se dictó prisión preventiva por 18 meses contra Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavárez Soto, Tomas Enmanuel Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes y José Carlos Montero Troncoso.
Además, le impusieron garantías económicas a saldar mediante contratos por un monto de RD$500,000 cada uno para los imputados José Alfonso Acevedo García, José Rosario Marte, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amaurys Ramírez y Rubén Darío Núñez Ortega.
Según la acusación, los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
Entre las pruebas materiales, el Ministerio Público aportó plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias de conducir y para el porte de armas de fuego; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que "constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos".
Los imputados se enfrentan a cargos penales descritos en los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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