Ministerio Público pide apertura juicio de fondo contra red Cattleya por explotación sexual

El Ministerio Público solicitó este viernes al Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional emitir auto de apertura a juicio de fondo contra los acusados en el caso Cattleya. 

El órgano acusador concluyó la presentación de la acusación y de pruebas contra miembros de una alegada red acusada de explotar sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica y que tenía alrededor de un año operando en el país y que fue desmantelada con la denominada operación Cattleya.

Las fiscales adscritas a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico ilícito de migrantes y Trata de Personas (PETT), Ginna Matías y Carmen de León Hernández, así como María Silvestre, de la fiscalía del Distrito Nacional, y la abogada Ángela Díaz Vargas concluyeron con la lectura del documento que consta de 370 páginas.

En el expediente, que se conoce en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el MP acusa a 11 personas físicas y dos personas jurídicas.

En agosto del año 2022, la dirección de Persecución y la PETT lideraron las acciones que dieron como resultado la decisión de mandar a prisión preventiva por 18 meses, como medida de coerción, contra 11 implicados y que el caso fuera declarado complejo.

El juez Raymundo Mejía estableció la continuación de la audiencia para el próximo lunes 18 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

Implicados en la red Cattleya 

José Miguel Michel Guridis está calificado como el cabecilla de la organización y quien supuestamente mantenía a las víctimas bajo dominio. También se le acusa de ser el encargado de ingresarlas a hoteles donde éstas eran obligadas a tener relaciones sexuales con clientes.

Richard Renné Rivera fungía como custodiador de las víctimas en Bávaro, La Altagracia.

Daniel Enrique Inirio Abre, supuesto tratante que ofrecia servicios sexuales de las víctimas, organizando fiestas y trasladando a las jóvenes.

Alejandro Arturo Bustamante, encargado de transportar a las mujeres a los lugares solicitados por clientes, para fines de explotación sexual.

Cristina González Hernández funcionaba como promotora de las víctimas, coordinadora de las salidas de las jóvenes con clientes y las tarifas.

Yeibel Yeremy Herrera era promotor de las víctimas y la persona que suministraba y distribuía drogas que las jóvenes consumían. 

Diana Ovallos era promotora y encargada de cobrar el pago de los clientes.

Nathalia o Nathi mantenía el control sobre las víctimas, coordinadora de horario precio de las salidas.

Robert Lee Eleuterio Paniagua era presentador, promotor, transportista y custodia de las víctimas.

Pablo y Angie eran coordinadores de la salida de varias de las víctimas.

María Paula Murillo Vargas era reclutadora de jóvenes entre 18 y 20 años en Colombia ofreciéndoles trabajo en República Dominicana como vendedora.

José Alberto Soriano Rosario es acusado de cubrir los gastos de transportación de las jóvenes y de tener todas las víctimas de explotación sexual de esta organización bajo su control. 

Melvin Valentín, promotor de explotación sexual, que actuaba en coordinación con varios implicados.

Wilcene Oscar, administrador de Hotel Oscar Inn, facilitaba los medios para cometer actos ilícitos al rentar las habitaciones de las víctimas.

Marie Nephtalie Louis, facilitaba medios para cometer actos ilícitos al rentar las habitaciones de las víctimas.

Angélica Jhoana Quintero, promotora de explotación sexual.

Carlos Jhonatan Walwyn Campusano, presentador, promotor, transportista y custodia de las víctimas. 

Braulio Lugo, acusado de tener bajo su custodia una cantidad de sustancia controlada no identificada.

Todas estas acusaciones de acuerdo al Ministerio Público.