MP: Entramado Medusa usó Plan de Humanización de cárceles para ejercer esquema de desfalco y soborno

El Ministerio Público leyó este martes durante el conocimiento de la audiencia preliminar del caso de corrupción Operación Medusa hasta la página 718 de 12,274 páginas, acompañada de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos que tiene como principal implicado al exprocurador Jean Alain Rodríguez de un grupo de 41 personas físicas y 22 empresas.

De acuerdo con una nota de prensa, el fiscal de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Miguel Collado, dijo que vieron "líneas como el Plan de Humanización, en el cual se ejercieron tipos penales como desfalco y soborno”.

Agregó que “también vimos líneas que van desde el soborno de la empresa de Ricardo Pérez Mella, el cual incrimina directamente al acusado Jean Alain Rodríguez de haber recibido sobornos”, al tiempo de explicar que iniciaron la parte correspondiente al financiamiento ilícito de campaña con el llamado “búnker”.

Sobre el “búnker criminal”, detalló que “era una especie de zona franca que tenía el acusado Jean Alain Rodríguez para dar una apariencia en redes sociales en los ataques personales que recibía, y así como la institución a raíz del caso de Odebrecht; este tenía una especie de zona franca, el cual respondía mensaje y otras actividades con relación a su figura”.

Collado se refirió al avance del proceso al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial luego de concluida la audiencia de este martes.

En el sexto día de la lectura del expediente contra los acusados de la Operación Medusa, el Ministerio Público detalló cómo se llevaron a cabo los actos delictivos a través del proceso de construcción y remodelación de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) a nivel nacional, durante la gestión del extitular del Ministerio Público, Jean Alain Rodriguez Sánchez. El exprocurador Rodríguez Sánchez dirigió el Ministerio Público en el período 2016-2020.

La acusación, que se presenta en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Amauri Martínez, fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reiteraron que los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

La jornada de lectura del documento acusatorio fue reiniciado este martes por la fiscal Rosa Alba García, quien fue seguida por el fiscal Miguel Collado.

La audiencia preliminar de la Operación Medusa se lleva a cabo, debido al espacio físico y la cantidad de imputados en este proceso judicial, en la sala 05 del edificio que alojaba a la Suprema Corte de Justicia, en las antiguas instalaciones del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

Además de García y Collado, el órgano persecutor estuvo representado por la procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y el fiscal Emmanuel Ramírez.

El magistrado Martínez aplazó la audiencia preliminar para el próximo viernes 7 de julio, a las 9:00 de la mañana.