Wilson Camacho está confiado en que imputados del caso Coral serán enviados a juicio de fondo

Entre los imputados están Adán Cáceres, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y Juan Carlos Torres Robiou, entre otros

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho. (Diario Libre/Kevin Arias)

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se mostró este lunes confiado en que la justicia emitirá auto de apertura a juicio de fondo contra los acusados del caso Coral.

La jueza de Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, concluyó este lunes el juicio preliminar o de las pruebas del caso Operación Coral, cuyo fallo se reservó para darlo a conocer el lunes 10 de julio a las 10:00 de la mañana.

“Todas las condiciones, en base a las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, en este caso, indican que debe de haber un auto de apertura a juicio, y eso es lo que nosotros esperamos que suceda en el momento en que se lea la decisión de este proceso”, dijo Wilson Camacho, en nota de prensa enviada por la Procuraduría General de la República.

Entre los acusados de la Operación Coral además de Adán Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

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