Acuerdos de Girón y otros acusados en caso Coral se presentarán en juicio de fondo

Contrario a como ha ocurrido en los otros tres importantes casos de presunta corrupción administrativa que el Ministerio Público ha sometido a los tribunales, en Operación Coral y Coral 5G, cuya etapa preliminar casi concluye, las negociaciones a las que ha llegado con el órgano acusador el mayor del Ejército Raúl Girón Jiménez  y otros imputados “que quieran y apliquen” serán presentadas en un posible juicio de fondo que dicte la jueza del Sexto Juzgado de de Instrucción, Yanibet Rivas. 

La información la suministró a Diario Libre la directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, quien dijo que el teniente coronel de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez ha devuelto bienes al Estado, aunque no especificó cuales.

No obstante, Ortiz aclaró que Erasmo Roger Pérez no ha cerrado ningún acuerdo con el Pepca.

Pérez es calificado en la acusación como uno de los “brazos ejecutores” del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, quien supuestamente encabezaba la red que habría estafado al Estado con más de 4,500 millones de pesos y en la que se señala a 30 personas físicas y a 18 empresas.

El nombre de Girón es el más sonado de todos los encartados por la elocuencia en la que reveló cómo funcionaba el supuesto entramado  e incriminó a los demás acusados, principalmente a Rafael Núñez de Aza, considerado el “cerebro financiero” de la red.

Durante la solicitud de medida de coerción, la cual fue televisada, Girón acusó a Núñez de Aza, al afirmar que este le pidió borrar la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para no dejar evidencias y que él hizo todo lo contrario, la guardó en un disco duro personal.

 

Un abogado consultado y, quien pidió no ser citado por su nombre, explicó a Diario Libre que una de las razones de que los arreglos se presenten en la etapa del juicio de fondo es porque en el fallo de la preliminar es posible que a la fundación Alfredo Mota, que busca una reparación por daños y perjuicios, le sea rechazada esta demanda y que, de lo contrario, los que negocien con el órgano acusador deberían indemnizar a esa entidad.  

La presunta estafa al Estado habría operado con la estrategia de reclutar “militares que estuvieran asignados a otras instituciones o que no tuvieran funciones en específico” y posteriormente a una depuración “eran agregados a las nóminas del Cusep o Cestur con salarios de entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, los cuales debían ser devuelto en su totalidad, y en otras ocasiones los “nombrados” eran autorizados a quedarse con montos que van desde 2 mil hasta 10 mil pesos”, según la acusación al grupo de militares y policías involucrados en el expediente denominado Coral y Coral 5G.

En diciembre del año pasado, el abogado Zacarías Payano, en ese momento representante del teniente coronel Erasmo Roger Pérez, dijo que éste había devuelto bienes valorados en su totalidad en más de 1,000 millones de pesos y que buscaba un acercamiento con el Ministerio Público para un acuerdo.

No obstante, Pérez canceló los servicios de Payano y ahora es representado por una defensora pública.

La acusación detalla que Pérez creó en el 2016 la empresa MJ3V Agroindustrial SRL, cuya repartición accionaria quedó en 50 por ciento a favor de su esposa y el otro 50 % de Santiago Suárez Peguero, cuñado de Adán Cáceres Silvestre. A pesar de no tener acciones en la empresa, junto a su esposa Pérez, se le atribuye poseer varios apartamentos y vehículos de lujos y fincas.

En Operación Antipulpo, los acuerdos se anunciaron al final de la etapa preliminar y el juez los validó el mismo día del fallo en el que envió a juicio de fondo a los demás encartados. En Medusa, cuya preliminar todavía no ha arrancado, el Ministerio Público reveló recientemente que pondera veinte solicitudes de arreglos por parte de igual número de acusados.

El más reciente caso de alegada corrupción sometido a la justicia y hasta el momento el de mayor "estafa contra el Estado" es Operación Calamar, en el que más de 10 de los veinte imputados han pactado con el Ministerio Público. Este "fraude" ascendería a los RD$19,000 millones.