Participación Ciudadana pide investigación profunda a personal del Banreservas por Operación Calamar

La organización cívica Participación Ciudadana recomendó una investigación profunda del personal del Banreservas que estaría involucrado en la estructura del caso Operación Calamar y a la vez destacó que solo una persona de esa entidad figura en la solicitud de medidas de coerción.

“La participación del Banco de Reservas en la apertura de cuentas a las empresas que recibían los pagos oficiales, dinero que luego era extraído en efectivo vía centenares de millones de pesos sin que se dispararan las alarmas o se reportaran ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como operaciones sospechosas (ROS), debe mover a una investigación profunda del personal involucrado”, sostuvo Participación Ciudadana. 

La consideración de Participación Ciudadana está contenida en un libro que esa institución presentó titulado “Documento sobre la medida de coerción del Ministerio Público” en el que se ofrecen informaciones útiles del voluminoso expediente.

“Cabe mencionar que la UAF es la secretaría técnica del Comité Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT) al cual se reporta y que es presidido por el Ministerio de Hacienda”, detalla.

Asimismo, Participación Ciudadana destacó que la única persona del Banco de Reservas que figura en la solicitud de medidas de coerción es el señor Andrés Guerrero, contralor del Banco, en quien el ex administrador general, Simón Lizardo, delegó esas operaciones. 

“Sin embargo, aunque figura en listado de imputados al inicio de la solicitud, en el petitorio no se solicita ninguna medida de coerción contra él. Asimismo, en la querella penal con constitución en actor civil del Equipo de Recuperación Patrimonio Público (ERPP), interpuesta por el Estado dominicano, se incluye como cómplices a Simón Lizardo Mezquita, ex Administrador General del Banco de Reservas, y a Ramón Nicolás Jiménez Díaz, ex Director General de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento”, indica Participación Ciudadana.

Acusaciones

El Ministerio Público acusa al excontralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero, de violentar todas las reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para utilizar el Banco de Reservas como una especie de “dispensador de efectivo” de la estructura del caso Operación Calamar.

“Este imputado, a sabiendas de la procedencia ilegal de esos fondos, dispuso y facilitó que gran parte del dinero distraído de manera fraudulenta fuera entregado, en efectivo, en las oficinas de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, utilizando para el transporte de miles de millones de pesos los camiones blindados del banco, en una operación típica de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, en donde él en calidad de contralor estaba precisamente llamado a evitarlo, lo que hace este hecho más grave aún”, indica el Ministerio Público.

El Ministerio Público asegura que la red utilizó importantes instituciones del Estado como: el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas como espacios operativos de la estructura criminal creada con el objetivo de estafar, desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un rehén de la corrupción.

“La estructura criminal de corrupción utilizaba recurrentemente las sucursales del Banco de Reservas que obedecían los intereses particulares de la organización delictiva, entiéndase, la oficina del Banco de Reservas de la torre Churchill, cuyo gerente comercial era Carlos Francisco Báez Batista, y el Centro de Acopio del Banco de Reservas, ID 45232, ubicado en la Ave. Jiménez Moya, del cual el director de Administración de Efectivos es el señor Francisco Abreu Abreu”, indicó.