Donald Guerrero y José Ramón Peralta pasan primeras noches en Najayo

Los exministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, pasaron ayer su segunda noche en el centro correccional Najayo-Hombre, en cumplimiento a la medida de coerción de 18 meses de prisión que les impuso la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Los restantes 18 imputados en Operación Calamar, a 16 de los cuales la magistrada dictó arresto domiciliaria y garantías económicas, habían sido trasladados a sus residencias en el día de ayer, incluido el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, uno de los tres últimos sacados de la “carcelita” del Palacio de Justicia para llevarlos a sus casas.

También lograron hacer todos los trámites para abandonar la “carcelita”, el excontralor Daniel Omar Caamaño y el empresario Rafael Parmenio Rodríguez, a los únicos que la jueza Kenya Romero impuso presentación periódica e impedimento de salida del país. Caamaño debió pagar una fianza de tres millones de pesos.

En ese sentido, la decisión de la magistrada Romero fue ejecutada en este caso de corrupción que envuelve más de 19,000 millones de pesos.

Arresto domiciliario

Además de Gonzalo Castillo guardan arresto domiciliario Ángel Lockwrad, Roberto Santiago Moquete Ortiz, el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. También ya cumplen el arresto en sus casas Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.

A todos se le vincula a la supuesta red que se apropió de dinero del Estado en la compra de terrenos declarados de utilidad pública y en la alegada extorsión a bancas de loterías. Los cabecillas del entramado, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) son Donald Guerrero y José R. Peralta, a quienes les fue impuesta la medida de coerción más gravosa que establece el el Código Procesal Penal.