Implicados en Operación Calamar utilizaron el Banco de Reservas como un “dispensador de efectivo” para la red

El Ministerio Público acusa al excontralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero, de violentar todas las reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para utilizar el Banco de Reservas como una especie de “dispensador de efectivo” de la estructura del caso Operación Calamar.

“Este imputado, a sabiendas de la procedencia ilegal de esos fondos, dispuso y facilitó que gran parte del dinero distraído de manera fraudulenta fuera entregado, en efectivo, en las oficinas de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, utilizando para el transporte de miles de millones de pesos los camiones blindados del banco, en una operación típica de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, en donde él en calidad de contralor estaba precisamente llamado a evitarlo, lo que hace este hecho más grave aún”, indica el Ministerio Público.

El expediente de solicitud de medida de coerción asegura que los hechos cometidos por el imputado se subsumen en las conductas típicas establecidas en el artículo 146, numerales 1 y 2, de la Constitución de la República (proscripción de la corrupción); del Código Penal Dominicano los artículos: 123 (coalición de funcionarios), 166 (prevaricación), 171 y 172 (desfalco), 174 (concusión), 175 (incompatibilidades con su calidad), 265 y 266 (asociación de malhechores), y 405 (estafa contra el Estado); Ley 448-06 artículo 2 (soborno con respecto Ley 448-06); así como Ley No. 311-14 en su artículo 18 (enriquecimiento ilícito).

El Ministerio Público asegura que la red utilizó importantes instituciones del Estado como: el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas como espacios operativos de la estructura criminal creada con el objetivo de estafar, desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un rehén de la corrupción.

“La estructura criminal de corrupción utilizaba recurrentemente las sucursales del Banco de Reservas que obedecían los intereses particulares de la organización delictiva, entiéndase, la oficina del Banco de Reservas de la torre Churchill, cuyo gerente comercial era Carlos Francisco Báez Batista, y el Centro de Acopio del Banco de Reservas, ID 45232, ubicado en la Ave. Jiménez Moya, del cual el director de Administración de Efectivos es el señor Francisco Abreu Abreu”, indicó. 

Entre los arrestados se encuentran, el exministro de  Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),  Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; el economista Ángel Lockward, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.