MP menciona al director de Titulación Mérido Torres en expediente Operación Calamar

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres de Jesús Espinal, es mencionado en el expediente del caso de presunta corrupción desmantelada a través de la Operación Calamar, por el cual ya hay 20 personas detenidas, entre las que figuran exfuncionarios del pasado gobierno.

El documento de solicitud de medida de coerción del caso sometido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) hace una narración de hechos en la que asegura que Mérido Torres habría recibido una determinada cantidad de dinero, aunque en agosto del año pasado el funcionario explicó que no había recibido dinero del Estado dominicano, sino el pago de sus “honorarios profesionales que le hicieron unos clientes por un proceso que llevó su oficina privada de abogados”.

Narración del Ministerio Público

El Ministerio Público indica que con los testimonios de los señores Jesús Eligio Reyes, Evelyn Feliz Castro y Daniela Castro Reyes “queda claro el fraude de las cesiones de créditos existente en cada uno de los procesos de pago por concepto de expropiación de los terrenos de la parcela núm. 613 del Distrito Catastral 32, hoy municipio de Boca Chica, toda vez que dan fe de que las mismas no responden a la existencia de ninguna deuda cierta, líquida y exigible, sino como medio de chantaje o condición sine qua non, a las cuales tenían que acceder los reclamantes, supuestos sucesores de los terrenos de Manuel Reyes O Ben, para que efectivamente les pagaran”. 

Dice: “Además, identifican al imputado Ángel Lockward Mella no solo como artífice jurídico de ellas, sino como la persona por mandato de quien las firmaron, sin tener dominio de lo que se estaban obligando. Finalmente ubican la oficina del imputado Ángel Lockward Mella, razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., como el lugar en donde se hicieron y firmaron las fraudulentas cesiones de crédito, lo que explica el dominio que tenía tal imputado de cómo debía dehacerse la distribución de los fondos, en la forma y manera que le informó por escrito al fenecido Emilio César Rivas Rodríguez a través de la Licda. Belkis Tejeda Ramírez, en su calidad de consultora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales. Libramientos núm. 51 y 52 de fecha 24 de enero del 2020; pago Marcial Reyes y compartes, “sucesores” de Generosa Reyes O Ben, Florencia Reyes, Agustina Reyes, Evarista Pérez Reyes, Pablo Reyes, Oliverto Reyes Lora, Domingo Reyes Mosquea y Moisés Reyes O Ben”. 

Asegura que el imputado Donald Guerrero Ortiz, en su calidad de Ministro de Hacienda, en fecha 13 de enero del 2020, mediante la comunicación núm. MH-2020-001380 le requirió al entonces director de Bienes Nacionales Emilio César Rivas Rodríguez, la remisión del expediente a nombre del señor Marcial Reyes, correspondiente a la declaratoria de utilidad pública que hiciera el Estado dominicano, sobre una porción de terreno de 67,586.40 m2 dentro del ámbito de la parcela núm. 613, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional (actual municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo), sin existir al momento de tal requerimiento, un acuerdo transaccional entre el Estado dominicano, representado por la Dirección General de Bienes Nacionales y los supuestos sucesores de Generosa Reyes O Ben, Florencia Reyes, Agustina Reyes, Evarista Pérez Reyes, Pablo Reyes, Oliverto Reyes Lora, Domingo Reyes Mosquea y Moisés Reyes O Ben. 

“Tan pronto fue efectuado el requerimiento por el imputado Donald Guerrero Ortiz, al siguiente día, es decir, en fecha 14 de enero del año 2020, Emilio César Rivas Rodríguez en su condición de Director Nacional de Bienes Nacionales, firmó un acuerdo transaccional con los sucesores de Generosa Reyes O Ben, Dolores Reyes, Evarista Pérez Reyes y Pablo Reyes, Florencia Reyes, Agustina Reyes, Flor María Reyes, Moisés Reyes O Ben, Ricardo Reyes, Oliverto Reyes Lora y Domingo Reyes Mosquea, entiéndase los señores: Marcial Reyes, Francisca Reyes, Flor María Reyes, María Magdalena Reyes Natera, Isabel Mosquea Reyes, Thomas Reyes, quienes estuvieron representados por Marcial Reyes, Juana María Salomé Pérez de Aquino, Modesto Tejada Pérez, Porfiria Tejada Pérez, Pablo Junior Reyes Natera, Santa Leocadia Reyes Natera, Carolina Reyes Salvador, Jennifer Reyes Encarnación, Dionisia Reyes, Nicanor Reyes, Modesta Mosquea representada por Domingo Antonio Reyes García, Silveria Reyes Mosquea, Felicia Reyes Mosquea, el imputado Ángel Lockward Mella, en representación de Ángel Lockward & Asociados, S.R.L. y el Licenciado Mérido De Jesús Torres Espinal; supuestos propietarios de una porción de terreno en la Parcela 613, del Distrito Catastral núm. 32, municipio de Boca Chica”, asegura.

El Ministerio Público explica que en el indicado acuerdo transaccional, Emilio Rivas Rodríguez, en una cuestionable representación del interés del Estado dominicano a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, acordó pagar a las personas mencionadas precedentemente, la suma de RD$1,288,365,750.00, con el fin de que estos dejaran sin efectos jurídicos todas las litis judiciales en curso y por venir, que enfrentaran a las partes suscribientes. 

“Como patrón recurrente del maniobrar fraudulento se destaca también en este acuerdo que, Emilio Rivas Rodríguez en su condición de director de Bienes Nacionales, consintió la emisión de un primer pago ascendente a la suma de RD$1,030,692,600.00), equivalentes al 80 % del precio acordado, sin que los supuestos sucesores acreditaran su calidad de legítimos sucesores, ni los requisitos obligatorios que demandaba el expediente de expropiación”, indicó. 

El Ministerio Público asegura que mediante la comunicación MH-2020-002515, de fecha 23 de enero del 2020, el imputado Donald Guerrero Ortiz ordenó el pago de RD$1,030,692,600.00, el cual se materializó el 24 de enero del 2020, mediante el libramiento núm. 51 por un monto de RD$411,477,040 y el libramiento núm. 52, por un monto de RD$ 619,215,560 con cargo al presupuesto nacional del año 2020, capítulo 0999, Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional. 

Indica el Ministerio Público que los fondos públicos liberados a través del libramiento núm. 52-1, fueron distribuidos a favor de varias personas, que aparecen a continuación.

“Al analizar el acuerdo transaccional que fundamenta esta erogación fondos por parte del Estado dominicano, en el artículo segundo, párrafo II, literal A, se consigna una tabla de distribución donde figuran, además de los supuestos sucesores, los siguientes beneficiarios: El señor Mérido Torres de Jesús Espinal, con un monto de RD$32,065,992", dice la acusación. 

Mérido respondió

En agosto de 2022, según recogen publicaciones de esa fecha, Mérido Torres dijo que estaba dispuesto a acudir a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en caso de ser requerido para colaborar con las investigaciones. En ese momento, su nombre apareció entre los documentos que requirió la Pepca por caso Donald Guerrero.