Tras meses de rumores, acusan a Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo en Operación Calamar

Dicen que cuando el río suena es porque agua trae y en el caso de la Operación Calamar, el caudal de agua fue demoledor y se llevó con él a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, figuras cimeras en el gobierno de Danilo Medina, a quienes el Ministerio Público señala por diversos delitos de corrupción.

Por meses se cuajaban los rumores de una potencial acusación contra Guerrero, con Peralta, Castillo y otro grupo de funcionarios como personajes relacionados, pero no al nivel de ser parte integral del entramado imputado por los fiscales.

El golpe de agua llegó el sábado en la noche y la madrugada de este domingo, cuando la Procuraduría General de la República inició un operativo casa por casa para llevarse a los tres exministros y, al menos, a otra docena de personas, aunque las autoridades aseguran que es un operativo en proceso.

Los acusados

Tras una “compleja investigación” realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se realizaron 40 allanamientos en el inicio de los arrestos, distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. Según el Ministerio Público participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo. 

Gonzalo Castillo fue candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las pasadas elecciones de 2020, en las que ganó Luis Abinader y Danilo Medina no pudo presentarse por disposición constitucional.

Gonzalo Castillo Terrero nació el 20 de noviembre de 1960 en Barahona y es un exitoso empresario, dueño de Helidosa Aviation Group, compañía con servicios de aeroambulancias, aviones y helicópteros. Desde su juventud se integró al PLD y en el 2002 estuvo en el equipo de campaña del exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández. En 2005 trabajó en el equipo de campaña presidencial de Danilo Medina de cara a las primarias de 2007.

Entre 2012 y 2019 fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El 30 de julio de 2019 anunció su intención de aspirar a la presidencia y perdió las elecciones de 2020 en la primera vuelta.

Donald Guerrero fue ministro de Hacienda desde el 16 de agosto de 2016 hasta el mismo mes del año 2020. Es licenciado en Economía, empresario y dueño de una importante operación de dealers de vehículos en Puerto Rico, por la cual mantiene una pugna con el empresario dominicano Eduardo Pellerano Nadal.

Guerrero es dueño en Puerto Rico de los dealers Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler y Autocentro Nissan, y Pellerano Nadal lo demandó por $21.8 millones por supuestamente apropiarse ilegalmente de Autogermana. 

En el ámbito político, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y estaba enn el ojo de la Pepca desde el 2021.

José Ramón Peralta, por su parte, es empresario agroindustrial y exportador. Fue ministro Administrativo de la Presidencia durante los gobiernos de Danilo Medina y es actualmente miembro del Comité Político del PLD. Recientemente en enero de 2023, Peralta fue designado como enlace provincial del equipo nacional de campaña del PLD en La Vega.

Además de los tres exministros se detuvo al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),  Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. “Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández”, detalla el comunicado oficial del Ministerio Público.

Delitos diversos

La imputación preliminar del Ministerio Público enumera, de forma inicial, siete delitos de corrupción, todos de gravedad, según el Código Penal dominicano.

Se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

La asociación de malhechores se establece como “toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública” y conlleva cárcel.

El desfalco es definido por el Código Penal como “la falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquier modo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipo, material, suministros y otras cosas de valor de los cuales debe responder”. 

Establece el Código que “cualquier funcionario o empleado público, convicto de desfalco, de conformidad con lo dispuesto por los artículos anteriores, será castigado con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusión”.

En el caso de coalición de funcionarios, la ley establece que “los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre si´ la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos”.

La falsificación de documentos públicos y privados “se castigara´ con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, a cualquiera otra persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, o en las de comercio y de banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos”.

Sobre el soborno o cohecho de los funcionarios públicos, sostiene el Código Penal que “el funcionario o empleado público del orden administrativo, municipal o judicial que, por dádiva o promesa, prestare su ministerio para efectuar un acto que, aunque justo, no este´ sujeto a salario, sera´ castigado con la degradación cívica y condenado a una multa del duplo de las da´divas, recompensas o promesas remuneratorias, sin que, en ningún caso, pueda esa multa bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seis meses el ‘encarcelamiento’ que establece el artículo 33 de este mismo Código, cuyo pronunciamiento sera´ siempre obligatorio”.

La Pepca calificó como “sin precedentes” el presunto esquema levantado por los acusados para la financiación ilegal de campañas políticas, delito que según la ley de partidos vigente durante su incumbencia, sostiene que “será ilícito que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reciban cualquier otro tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado, o cualesquiera de sus departamentos, dependencias u organismos auto´nomos o descentralizados; de los ayuntamientos o entidades dependientes de éstos, o de empresas públicas y privadas, así como de empresas de capital extranjero”.

Mientras, el grupo es acusado por lavado de activos, un delito contenido en la ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que sostiene que “la persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas”.

El contexto

El grupo de exfuncionarios detenido estaría relacionado a una red mafiosa que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos. La investigación se inició a principios de 2021, cuando la Pepca arrancó los interrogatorios a Guerrero. 

En febrero pasado, tras unos seis meses de silencio, el río comenzó a sonar, cuando la Cámara de Cuentas informó que avanzaba la investigación a solicitud de la Procuraduría. 

A Guerrero se le investigaba por supuestamente ser parte de una red mafiosa que estafó al Estado con unos 19,000 millones de pesos, mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos. 

Según una autorización de información financiera que emitió el 23 de agosto de 2022 la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Pepca, en esa red, que Guerrero habría dirigido durante su gestión como Ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina, estaban involucrados varios exfuncionarios y empresarios.

En esa autorización se detallaba que por el caso eran investigados, además Guerrero, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.

En ese entonces no se mencionaban a los exministros Peralta y Castillo.

En ese pedido del titular de la Pepca, Wilson Camacho, se indicó que “bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.

También señala que la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta”.

La Pepca soporta su investigación en el informe de la Contraloría General de la República que detectó los libramientos de pagos. El informe, no obstante, fue atacado en los tribunales por el abogado Ángel Lockward, uno de los favorecidos de los pagos, por entender que no se tramitó legalmente. 

“El informe de investigación realizado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República indica que, en la mayoría de los casos, se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos…”, dice la solicitud de la Pepca al tribunal que soportó la investigación.

Agrega, además, que esos documentos fueron asumidos con errores tipográficos por los técnicos evaluadores, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos legales.

En lo que respecta a Donald Guerrero, la Pepca plantea en el documento que el exfuncionario era recurrente en instruir, mediante comunicación, el registro de órdenes de pago como deuda administrativa por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir libramientos de pagos. Entre los beneficiarios de los pagos que se libraron se citan firmas de abogados y empresas, algunas de las cuales tienen registro de incorporación en el año 2020, a pocos meses antes de que Guerrero saliera del cargo por cambio de gobierno.

¿Cerco a Danilo?

La Operación Calamar viene a ser la cuarta pata de una serie de escandalosos casos de corrupción que afecta el entorno del expresidente Danilo Medina.

El primero de ellos fue la Operación Antipulpo, mediante la cual se acusó a Juan Alexis Medina, hermano del expresidente, por encabezar un entramado que consta de al menos 27 personas físicas y 21 compañías, los cuales están siendo procesados. Junto a él también se procesó a su hermana, la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina.

A ellos siguieron las imputaciones en las operaciones Coral y Coral 5G, que involucran a imputados por corrupción administrativa y en los cuales el Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), encabezado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, según las autoridades. Entre los imputados de la Operación Coral figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Luego llegó la Operación Medusa, un escandaloso esquema que el Ministerio Público asegura fue encabezado por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, mediante el cual se apropiaron de 1,000 millones de pesos en sobornos. Un total de 41 personas y 22 empresas fueron sometidas al proceso, que sigue su curso en los tribunales.

Dicen que cuando el río suena es porque agua trae. El Ministerio Público ha atacado cuatro círculos cercanos a Medina. Primero, su familia; luego, a su seguridad personal; entonces, a su procurador general; ahora, a su círculo político y ejecutivo cercano.