Defensa Pública rechaza representar empresa vinculada en Operación Medusa

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública dijo que esa institución “no defiende, ni va a defender empresas”, en respuesta a una decisión del juez que conoce Operación Medusa, de que se disponga un defensor público a una compañía vinculada a la supuesta trama de corrupción que alegó no posee recursos.

En un tuit acompañado de un documento adjunto en el que se “les instruye a los coordinadores y defensores públicos presentar calidades única y exclusivamente a nombre de personas físicas, no así a personas jurídicas”, Rodolfo Valentín Santos afirma que “ningún tribunal” puede establecer respecto a la institución que dirige porque esta es un órgano constitucional con autonomía.

 

A Operación Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el Ministerio Público sumó la pasada semana al expediente otras 35 personas jurídicas, de las cuales seis habrían llegado a un acuerdo.

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción, acogió la solicitud que hicieron los fiscales de que se disponga un defensor público a la persona jurídica F & F Ezel Import, SRL, “en virtud de que las personas jurídicas tienen derecho a una defensa pública por ser un ente de derecho, al que se le deben garantías del debido proceso”, según el órgano persecutor.

En la comunicación que publica en Twitter el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, con la prohibición a los defensores de representar a las empresas, y que tiene fecha del 22 de septiembre del 2021, alega que el artículo 2 de la Ley No.277-04 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, establece que ese organismo “tiene por finalidad principal proporcionar defensa y asesoramiento técnicos a los imputados que por cualquier causa carezcan de abogado, así como también llevar a cabo cualquier acción que, conforme a la política institucional, tienda a asegurar los derechos de los asistidos”.

La empresa F & F Ezel Import, SRL, con domicilio en el sector de Villas Agrícolas, Distrito Nacional, es acusada, junto a otras implicadas en el caso, de apropiarse de la suma de RD$684,646,328, en procesos de licitación de alimentos para las cárceles. Su socio gerente es Rafael Salvador Razuk Moya Feliz.

La supuesta red que se atribuye a Operación Medusa incluye a 41 personas físicas y a 22 empresas, grupo que tiene como principal acusado el exprocurador Rodríguez, y cuyo proceso judicial se encuentra en la etapa preliminar, que no ha podido arrancar desde agosto del 2022 por la reposición de plazos solicitada por la defensa de los imputados que, aseguran, el Ministerio Público no les ha entregado la acusación completa.