Fallo del caso Los Tres Brazos es una, entre "otras cosas", de las causas de suspensión de juez Rodríguez Consoró

La sentencia que rechazó la acusación del Ministerio Público sobre la venta presuntamente irregular de cuatro millones de metros cuadrados del sector Los Tres Brazos es una, entre “otras cosas”, de las causas por las que se investiga al suspendido juez Francisco Rodríguez Consoró.

Así lo reveló el inspector general del Consejo del Poder Judicial, Jacinto Castillo Moronta, quien informó a Diario Libre que durante la investigación al magistrado por ese órgano, se vieron obligados a acudir al Ministerio Público para obtener unas “pruebas” de parte de una entidad del Estado que se las negó y que fue el fundamento de su acusación.

“Había un tema espinoso en ese caso en específico (en el del juez Francisco Rodríguez Consoró)”, afirmó Moronta, razón por la que solicitaron al Ministerio Público su intervención para obtener los documentos.

Rodríguez Consoró fue suspendido como juez del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones el año pasado y su caso está siendo investigado también por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

El expediente de la venta de los terrenos de Los Tres Brazos, el que involucra a 17 personas, entre ellas a Leoncio Ramos, el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), fue fallado en junio del 2022 por el citado magistrado, sentencia que fue apelada por el órgano persecutor. El magistrado disctó un "No ha lugar" ante el pedido del Ministerio Público de que enviara a los acusados a juicio de fondo.

Castillo Moronta afirma que Rodríguez Consoró es el único juez suspendido actualmente y rechazó ofrecer detalles de su caso porque es un proceso que está todavía abierto.

Durante una entrevista con Diario Libre, el inspector del Consejo del Poder Judicial aseveró que no es recurrente que las instituciones del Estado no colaboren con ese órgano.