Propuesta de creación de un Ministerio de Justicia genera posiciones encontradas

Desde que el presidente Luis Abinader anunció, en octubre de 2022, que depositaría en febrero de este 2023 un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia, el cual se encargaría de los asuntos administrativos que implican una "carga innecesaria" para el Ministerio Público, varias voces se han alzado en torno al tema, unas que lo favorecen y otras que lo rechazan.

Entre las personas que objetan este nuevo órgano está el diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, quien entiende que no aportaría nada al sistema de justicia.

Subrayó que la Constitución establece todos los esquemas de los poderes del Estado, por lo que, a su parecer, la Justicia es un poder aparte, que tiene su propio mecanismo de administración.

Al ser consultado por Diario Libre, abogó por más recursos para la Justicia y el Ministerio Público, por entender que la independencia y autonomía se logran cuando las instituciones pueden administrar y gestionar sus propios recursos.

En tanto, el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fernando Ramírez, consideró que antes de hablar de un Ministerio de Justicia, se debe completar la reforma policial.

“Creo que un Ministerio de Justicia es positivo, pero una cosa a la vez, sin una Policía que funcione, un Ministerio de Justicia no puede funcionar”, planteó el dirigente perredeísta.

Advirtió que se debe ser cuidadoso en cuanto a las modificaciones que se le aplican a la Constitución.

“Yo digo que Luis (Abinader) está preparando algo para su propio beneficio en un futuro. Lo primero es la reforma policial, no puede haber Ministerio de Justicia sin una Procuraduría y una Fiscalía libres e independientes”, acotó.

El coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), Francisco Rodríguez, piensa que para crear ese ministerio es necesario modificar la Carta Magna. Es por eso que también abogó por mayores recursos para el Ministerio Público.

Cree que con esta propuesta lo que se busca es liberar al MP de “ciertas cargas, lo que se traduce en quitarle responsabilidad y fuerza, lo que se debe discutir”.

En cuanto a la operatividad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dijo que se trata de un tema de recursos y condiciones, al igual que el del manejo de los bienes incautados.

“La ley es clara cuando designa al Ministerio Público como el responsable de custodiar los bienes que han sido incautados para poderlos presentar ante los tribunales en el momento oportuno, es un asunto elemental que hay que tenerlo claro”, expresó el coordinador general de FiscalDom.

Finjus a favor

En cambio, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que con la creación de este nuevo ministerio lo que se persigue es que, instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otras, sean más eficientes en sus funciones.

A su entender, existen órganos del sistema de justicia que tienen atribuciones que, por su naturaleza, no deberían tenerlas.

“Al Ministerio de Justicia se le estaría transfiriendo una serie de funciones administrativas que no son propias de la Procuraduría General de la República, pero que, por una cuestión histórica, en el año 1964, esas funciones del Ministerio de Justicia les fueron abolidas”, sostuvo durante una conversación con Diario Libre.

Castaños Guzmán explicó que, en un principio, entre otras atribuciones, el Ministerio de Justicia se encargaría de formular y evaluar los asuntos de Gobierno, planificar la función administrativa del Estado y regir las políticas públicas que tienen que desarrollar los organismos autónomos y descentralizados adscritos a ese nuevo órgano, todo esto relacionados al sistema de justicia. Además, de coordinar la defensa del Estado y la administración pública en las sedes jurisdiccionales de su competencia.

Recomendación del Codue

Aunque el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) ve la iniciativa como importante y determinante para el futuro de la Justicia dominicana, espera que el Poder Ejecutivo busque el mayor consenso posible de las totalidades de las fuerzas vivas de nación, con miras a discutir ese proyecto de ley.

Recomienda hacer un ejercicio comparado con otras naciones que han ejecutado este modelo, para establecer cuáles son los beneficios y desafíos de su implementación.