Estado pide embargo retentivo de 23 mil millones de pesos a imputados del caso Antipulpo
También la declaratoria de conjunto económico y levantamiento del velo corporativo de las empresas
El Estado dominicano solicitó al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, disponer auto de apertura a juicio y el embargo conservatorio por RD$23,903,465,542.00 a su favor en el proceso que se sigue a los imputados y empresas acusadas en el caso Antipulpo.
Al solicitar que se dicte auto de apertura a juicio contra Juan Alexis Medina Sánchez, 25 personas físicas y 21 compañías acusadas de formar una red que estafó al Estado con miles de millones de pesos, el Estado pidió la declaratoria de conjunto económico y levantamiento del velo corporativo de las empresas.
“Con el levantamiento del velo corporativo, el Estado dominicano persigue garantizar la ejecución de la sentencia de fondo a intervenir en la etapa de juicio, persiguiendo directamente a los socios o accionistas de las entidades a comerciales acusadas”, explicó Jorge López Hilario, quien representa al Estado dominicano en audiencias a través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP).
Fase preliminar del caso Antipulpo finalizaría el próximo lunes
El magistrado Peguero autorizó en julio de 2022 el embargo retentivo de 10 millones de pesos en favor del Estado al dictar auto de apertura a juicio en el caso de la acusada Milagros Isabel Torres Castellanos, socia de la entidad Editorama, que también forma parte del proceso, quien por una condición de salud se le conoció su proceso separado de los demás acusados en el caso.
Torres Castellanos fue acusada por lavado de activos, asociación de malhechores y otros ilícitos penales por el Ministerio Público y por el Estado dominicano, informó el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público en un comunicado.
Al concluir con la réplica, Jorge López indicó que este proceso "es histórico" en la lucha contra la corrupción y la impunidad, toda vez que en apenas unos dos años que lleva el proceso, ya se han formalizado cuatro acuerdos donde los imputados aceptan su responsabilidad penal y retornan a favor del Estado más de 350 millones de pesos tanto en decomiso como en indemnizaciones.
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El jurista aseguró que con estos acuerdos y las pruebas aportadas, se espera un auto de apertura a juicio.
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