Jueza del caso Coral rechaza solicitud de acusados

La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazó la solicitud de parte de los acusados en el caso Coral, de que se muestren, en el juicio preliminar, cada una de las pruebas que dice el Ministerio Público (MP) tener en contra de la supuesta red.

Según la representante del órgano acusador, Mirna Ortiz, la magistrada Yanibet Rivas respondió que en esta etapa del juicio preliminar las pruebas solo se ofertan y que se presentan una por una en el juicio de fondo.

Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que Rivas también argumentó, al declarar no ha lugar a la petición, que en el tiempo que lleva la preliminar de Operación Coral y Coral 5G, los imputados debieron acercarse al Ministerio Público para que les mostrara todas las pruebas en originales.

En la audiencia de este martes, el Ministerio Público continúa la lectura de la acusación y sobrepasa ya las 1,000 páginas de las 3,268 que posee el expediente contra de las 30 personas físicas, casi todos militares y policías, y 18 empresas involucradas en el caso de malversación.

Los implicados en los casos

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En la Operación Coral 5G, derivada de la de Coral, se señala a los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, César Ramos Ovalles y Esmeralda Ortega Polanco.

El desfalco de más de RD$4,500 millones contra el Estado que se le atribuye a la trama se efectuó con nombramientos que no rendían ninguna función en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), que dirigía Caceres Silvestre, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), que encabezaba Torres Robiou. De acuerdo con la acusación, los beneficiados con los cargos devolvían el 70  por ciento del salario a los imputados y se quedaban solo con el 30 por ciento.