Presidente SCJ asegura reglamento para Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial es un avance para el país

Al presentar el Reglamento de aplicación de la Ley 339-22 que habilita el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, sostuvo que la norma es un avance para el país, porque crea el marco regulatorio para la modernización de ese poder del Estado. 

El magistrado hizo su planteamiento durante el acto de publicación del Reglamento, donde anunció la entrada en vigencia de la firma electrónica para todos los documentos jurisdiccionales del Poder Judicial que se realizarán a partir de las próximas 48 horas. 

Mediante un comunicado, Molina Peña explicó que al incorporar la tecnología se mejoran los niveles de transparencia ante la ciudadanía al facilitar información en tiempo real sobre la gestión de los tribunales. 

“Este Reglamento que hoy publicamos, deberá convertirse en la principal herramienta del sistema de justicia en lo adelante. Gracias a su aplicación, la sociedad dominicana contará con las condiciones para un servicio de justicia al día, capaz de garantizar la dignidad de las personas”, afirmó Molina Peña.

Y agregó: “Dar vida y contexto a principios cardinales como la celeridad, eficiencia, eficacia, opcionalidad, estandarización de servicios brindados; lograr que el texto sustente en elementos concretos el compromiso establecido por la Ley de Uso de Medios Digitales es la razón de ser de esta pieza jurídica”.  

En la actividad estuvieron presentes los integrantes del Pleno de la SCJ, los presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados, Pedro Manuel Catrain y Alexis Jiménez, respectivamente; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero y representantes de organizaciones de los sectores público y privado. 

El Reglamento fue consensuado a través de un proceso de consultas públicas y socializado a lo interno del Poder Judicial; mientras que a lo externo fueron consultados juristas, decanos y directores de escuelas de Derecho, así como más de 1,500 representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) e integrantes de órganos de la sociedad civil.