¿En qué están los casos de corrupción administrativa más sonoros?

Los cuatro expedientes de corrupción más sonados sometidos en la actual gestión gubernamental y en los que se habría estafado al Estado con más de 15 mil millones de pesos se mantienen estancados en la etapa preliminar o juicio de las pruebas.   

En el caso de Operación Antipulpo, que involucra a dos hermanos del expresidente Medina, está programado que el día 10 de este mes de octubre arranque el proceso y se dé inicio a la presentación de las evidencias acusatorias por parte del Ministerio Público, después de haber sido aplazada la audiencia siete veces.

El pasado 29 de agosto y tras vencerse el tiempo de los 18 meses de la prision preventiva a los imputados Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, Wacal Vernavel Méndez y José Dolores Santana, el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción les varió la prisión preventiva por domiciliaria.

La última audiencia del caso Antipulpo se pospuso porque el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, presentó constancia médica de que se había contagiado de COVID-19.  A Alexis y a Magaly Sánchez Medina y a otras 26 personas se les acusa de formar parte del entramado de corrupción con el que se habrían beneficiado de más de RD$5,000 millones, con licitaciones irregulares para beneficiar a las empresas del hermano del exmandatario.

En Operación Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, la audiencia del juicio preliminar está fijada para el 19 de diciembre, para otorgar un plazo de 60 días a las partes a fin de que preparen su defensa; mientras que el 28 del corriente está pautado conocerse la fusión de los casos Coral y Coral 5G. A la supuesta red encabezada por Rodríguez se le atribuye desviar para su provecho RD$6,000 millones.

En los casos Coral y Coral 5G, sobre las supuestas irregularidades en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el de Seguridad Turística (Cestur), el mayor general Adán Cáceres y el general Juan Carlos Torres Robiou, lideran las acusaciones que hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y en las que habría un dolo de más de RD$4,000 millones.