Pedirán tres meses de prisión como coerción a empleadas de Caipi donde murió un niño

El Ministerio Público se apresta a pedir tres meses de prisión preventiva contra las cinco empleadas del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, donde un niño de menos de dos años murió ahogado en una cubeta.

Smaily Rodríguez, fiscal de San Francisco de Macorís, informó que tanto esa fiscalía como el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes están totalmente convencidos de que se trata de un hecho que tiene que ser sancionado.

Sin entrar en muchos detalles, adelantó que las investigaciones preliminares apuntan a que se trató de una negligencia, una imprudencia respecto a las normas que deberían tener sobre el menor.

El niño Maikel Esmil Castro Álvarez, de un año y nueve meses de edad, falleció el pasado 2 de septiembre, en momentos en que estaba bajo el cuidado del personal del Caipi.  El médico legista actuante certificó la muerte como asfixia por inmersión.

Por el hecho fueron detenidas las empleadas del Caipi Elena Hernández Muñoz, Carmerys Liriano de Candelier, Yanina Rojas Moronta, Rosmery Cross Olivo y Katerin Castaños.

“Por el momento, hasta que se culmine con las investigaciones, está vinculado (el hecho) a una negligencia, una inobservancia y dejadez en los cuidados del menor de edad”, dice la fiscal. 

Provisionalmente, la fiscalía ha calificado la acción como un homicidio involuntario, abandono y maltrato infantil, pero Rodríguez señala que, si en el desarrollo de la investigación se observa que existe algún tipo de intención o que han ocurrido otros eventos que puedan dar al traste con una calificación de mayor penalidad, se hará. 

El homicidio involuntario conlleva penas de hasta dos años de prisión.

Rodríguez también justificó la solicitud de prisión preventiva en que “nuestras conductas, dependiendo de cómo la llevemos a cabo, es lo que determina la penalidad y así la medida que entienda el Ministerio Público que es la idónea por las circunstancias particulares del caso”.

Reconoce que no se trata de personas que sean delincuentes habituales ni nada que se parezca, pero indicó que “los niveles de actuación son los que atan a los seres humanos, independientemente de que sean a modo de entes sociales”.