Yeni Berenice niega que víctimas de Cattleya hayan desaparecido

La  directora general de Persecucion del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, respondió este jueves a los abogados defensores de los acusados en Operación Cattleya que dijeron que las presuntas víctimas de explotacion sexual no aparecen.

La funcionaria judicial sostuvo que es común que las afectadas de este tipo de delitos tengan mucho temor, porque son amenazadas, lo que la situación obliga al organismo a tomar medidas de proteccion adicionales para que ellas puedan asistir a los procesos, aunque sea desde el extranjero.

Al menos 80 jóvenes, venezolanas y colombianas, fueron rescatadas recientemente de la explotación sexual a que eran sometidas. El operativo se hizo a través de la Operación Cattleya y por cuyo caso hay 21 personas involucradas, de las cuales a 11 se les dictó prisión preventiva. 

Reynoso recordó que a esas mujeres hay que garantizarles su integridad y que, por las "secuelas enormes que tienen", ir a un tribunal les resulta traumático, aunque sea a través de las cámaras Gesell. 

Buscan modificar ley  

El Ministerio Público anunció hoy que promueve un anteproyecto de modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas,  ya que considera obsoleta la actual normativa. Según la procuradora Yeni Berenice Reynoso, esta ley no toma en cuenta a las víctimas y solo se concentra en perseguir a los infractores. 

Al exponer sobre el tema en una mesa de diálogo, Reynoso dijo que requieren contar con mayor herramientas ante la diversificación de ese crimen con las nuevas tecnologías de los últimos 20 años, especialmente con el auge de las redes sociales.

La magistrada reveló que solo en un año se descargaron más de 25,000 imágenes de explotacion sexual y que el crimen, que "deja una secuela enorme", cada día suma más niños y adolescentes entre sus víctimas. 

Afirmó que necesitan contar con un catálogo más amplio de agravantes, los cuales no están contemplados en la norma vigente y que en el anteproyecto de ley se establecen penas de hasta 40 años a los acusados hallados culpables de este delito.