Juez decide hoy calidad de dos querellantes civiles en caso Medusa

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si acoge o no las pretensiones de dos querellantes civiles que buscan que se indemnice al Estado dominicano por la supuesta estafa cometida en la Procuraduría General de la República en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

En la audiencia pasada, la presencia de los representantes de la Fundación Alfredo Nobel creó discordia en la audiencia preliminar, ya que la mayoría de los abogados insistieron en que ésta no tenía calidad para querellarse en el caso.

La Fundación está pidiendo una indemnización de 7,000 millones de pesos que, de acogerse, administrará a discrecionalidad.

Dicha organización, que recibe fondos del Estado y cuyo domicilio no pudo ser ubicado por Diario Libre, ha sido objetada tanto por abogados como por el propio Ministerio Público en otros casos de corrupción que se conocen en la actualidad.

Dirigente del PRM

Julio Cabrera Brito, que figura como titular de la Fundación y es dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM)  en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, indicó a Diario Libre que en el este caso van a solicitar ante el tribunal el decomiso de todos los bienes de los imputados, así como la transferencia a nombre de su entidad de la indemnización que demandan.  

Al preguntarle sobre la forma en que manejarían esos recursos, Cabrera Brito señaló que será una responsabilidad compartida entre ellos y el Ministerio Público.

Su participación en el caso Medusa se fundamenta en el artículo 85 del Código Procesal Penal que establece que: “en los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho”.

La Fundación Alfredo Nobel también se querelló civilmente en al caso de alegada corrupción administrativa conocido como Antipulpo y, aunque fue objetada por el Ministerio Público, por entender que no tiene calidad para ese proceso y que no aporta  nada a la investigación, un juez decidió admitirles la querella.

El Ministerio Público también consideró que ya el Estado estaba representado en ese caso, por lo que no era necesario otro querellante.

El abogado Carlos Salcedo, defensa de Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso Antipulpo, también fue de lo que se opuso a la querella de la fundación, por entender que no tiene el objeto que le habilite.

“Esa fundación no tiene el objeto y fue reconocida como si lo tuviera”, dijo el jurista en alusión a que, el artículo 85 del Código Procesal Penal establece que el objeto de la entidad querellante debe ser el perseguir la corrupción, para que  los recursos que pueda recibir sirvan para complementar el trabajo que realiza el Ministerio Público.

“Nosotros demostramos en el tribunal que no tenía ese objeto, sin embargo, el tribunal (el Séptimo Juzgado de la Instrucción) le reconoció su participación”, se quejó.

De acuerdo con el registro de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), la Fundación Alfredo Nobel fue incorporada en junio de 2016, con Cabrera Brito como titular, y declarándose como una entidad sin fines de lucro dedicada a desarrollar proyectos de bienestar social y ayuda humanitaria.

Ya al año siguiente había sido beneficiaria con 180,000 pesos de parte del Estado, conforme la lista de beneficiarios de transferencias a las Asociaciones Sin Fines de Lucro del presupuesto general de 2017.

Aunque Diario Libre intentó ubicar la fundación en la calle Primera, número 24 de Los Alcarrizos, no se encontró la dirección y, a quienes se les preguntó en la zona dijeron no conocerla.

Tampoco le conocen las personas preguntadas en los alrededores de la avenida Las Palmas, en Las Caobas, la otra dirección de la referida fundación que figura en el Registro Nacional de Habilitación del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

Los abogados del Estado, que también son querellantes civiles,  todavía no estiman el monto de la indemnización que solicitarán.