PEPCA atribuye a Red Medusa la apropiación irregular de armas de fuego

“La destrucción y eliminación masiva de los archivos institucionales, memoria histórica de la Procuraduría General y del Ministerio Público, causó perjuicios irreparables al Estado Dominicano, situación generada bajo las directrices del ex procurador general, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, influyó en la distracción de bienes incautados y decomisados”.

Con ese planteamiento la Procuraduría Especializado en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) introduce su relato de cómo se perdieron cuatro armas de fuego que estaban bajo custodia del Ministerio Público.

Señala que en ocasión de un proceso penal en la jurisdicción de Santo Domingo, fueron incautadas 184 armas de fuego, las cuales quedaron bajo custodia de la Fiscalía de Santo Domingo Este, pero que, el 11 de mayo de 2017, el imputado Alejandro Martín Rosa Llanes, director de la Unidad de Custodia y Bienes Incautados, solicitó el traspaso absoluto de la custodia de los elementos de pruebas materiales ocupados en el referido proceso, “remitiéndose todas y cada una de las armas de fuego, efectuándose el traspaso solicitado por el ex director de Bienes Incautados”

Luego de decisiones judiciales que mandaron la devolución de las armas, “el acusado Alejandro Martín Rosa Llanes, devolvió solamente la cantidad de 180 armas de fuego, faltando cuatro (04) pistolas…”.

“El propio acusado, Alejandro Martín Rosa Llanes, al ser interrogado por la PEPCA, dijo desconocer el destino o paradero de esas cuatro pistolas, sin que exista constancia de que las armas hayan estado o estén en la actualidad bajo la guarda y custodia de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados”, dice el expediente acusatorio contra las más de 60 personas físicas y jurídicas que se vinculan en la supuesta red.

El documento señala que, rastreando el paradero de las cuatro armas de fuego faltantes, el Ministerio Público logró comprobar que las mismas fueron apropiadas por el acusado Rosa Llanes y destinadas a un uso y fin distinto a la guarda y custodia que correspondía. 

“Al ser entrevistado, el Sargento Sergio Feliz Feliz, E.R.D., declaró que los franceses, que eran un equipo de seguridad al servicio del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, le habían entregado la pistola marca Browning, modelo High Power, cal. 9 mm., serial núm. 511MV50041, sin ningún documento o asignación.

En la investigación también se pudo determinar que “el porte y tenencia de las pistolas faltantes, lo tienen el Sargento Mayor Juan Luís Mieses Peña, A.R.D., el Sargento Wandol Amador, E.R.D., y el Segundo Teniente Ambriorix Encarnación Montero, E.R.D., cuyas asignaciones fueron regularizadas por la actual Dirección de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República, mediante los correspondientes formularios núm. 25”, cita la pieza acusatoria.

Señala que “aunque el Art. 18 del Reglamento Operativo del Ministerio Público para la Custodia, Administración Incautados, permite otorgar en uso las armas de fuego incautadas a la propia institución, no menos cierto que es a condición de que no sean necesarias como medio de prueba para la presentación de cargos, y serán custodiadas hasta tanto culmine el caso en cuestión”. 

 Indica que el referido proceso judicial culminó con un auto de no ha lugar, identificado como Resolución Penal No. 580- 2018-SACC-00737, del 12 de octubre de 2018, dictada por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo.

“Luego de diversas solicitudes hechas por la parte interesada, como dijimos anteriormente sólo la cantidad de 180 armas de fuego fueron devueltas, mientras que las 4 pistolas restantes fueron apropiadas a un fin distinto a la devolución imperativa que procedía, ya que el acusado Alejandro Martín Rosa Llanes, ni siquiera dejó rastro de la permanencia de estas evidencias en la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General”, cita el documento.