MP busca probar caso Medusa con testimonio de Rafael Canó y Víctor Lora

El Ministerio Público intenta probar el funcionamiento de la estructura criminal que presuntamente operaba en la Procuraduría General de la República durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez con los testimonios de Rafael Stefano Canó Sacco, quien está en España, y Víctor Manuel Lora Imbert.

De acuerdo al expediente instrumentado por el órgano acusador, con el testimonio de Rafael Stefano Canó Sacco, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) probó “la forma en la que desde el inicio de la gestión del acusado Jean Alain Rodríguez, en función de Procurador General de la República, operó la estructura criminal dirigida por él, en coalición de funcionarios con los acusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y compartes”.

Además, confirmó que “desde la dirección del CEI-RD, el acusado Jean Alain Rodríguez formó su estructura política que luego traspasó a la Procuraduría General de la República, en el período 2016-2020, con un alcance mucho más amplio y ambicioso dada la naturaleza y la extensión nacional de la Procuraduría General de la República”.

La Pepca asegura que con la información de Canó Sacco también comprobó que el exprocurador utilizó “las Fiscalías de los Distritos Judiciales del todo el territorio nacional, e impuso en cada una de ellas dirigentes políticos de su entorno a quienes denominó Enlaces Comunitarios, y que eran pagados con fondos de la institución… los Enlaces Comunitarios estaban registrados en la nómina de la institución y sus trabajos políticos eran regulados desde la Dirección de Coordinación Institucional que operaba en el mismo edificio de la Procuraduría General de la República, y que era supervisado directamente por el acusado Jean Alain Rodríguez”.

Con los acusados citados anteriormente, afirma la Pepca, Jean Alain “creó y desarrolló un entramado comunicacional, en el que existían múltiples estructuras de asesores de redes sociales y medios de comunicación para crear tendencias, elaboración de encuestas con fines políticos y de exaltación de la imagen política del acusado Jean Alain Rodríguez pagada con fondos de la institución”.

De acuerdo al MP, la estructura comunicacional que operaba bajo el nombre de “Campañas Sociales” contrató “unos asesores españoles, cuya estrategia consistía en capitalizar la imagen del acusado Jean Alain Rodríguez, como Procurador General de la República, utilizando el tema de la violencia de género como influencia escénica”.

A la estructura, “se agregó la asesoría directa del acusado Miguel José Moya, quien fue buscado para gestionar la crisis generada por el manejo dado al caso Odebretch y los ataques contra el acusado Jean Alain Rodríguez”.

“Probamos que, el pago de los asesores mexicanos, era por la suma de ciento veinticinco mil dólares (USD$125,000.00) mensuales y estos pagos los hacía en efectivo de manera personal el acusado Jean Alain Rodríguez, sin dejar rastros para cubrir su intervención”, indica la Pepca en la declaración testimonial.

"El equipo de asesores comunicacionales mexicanos operaba inicialmente desde las instalaciones de la PGR y por disposición del acusado Jean Alain Rodríguez, les crearon un espacio al que denominaron el 'War Room', usando los recursos de la institución para manejar su imagen política", señala el documento.

El MP también probó que, “dentro del entramado comunicacional creado por el acusado Jean Alain Rodríguez en asociación de malhechores con el acusado Miguel José Moya, se usaron fondos de la institución, a quien se le pagaba la suma de dos millones de pesos mensuales, y que, para lograr esos pagos, se simularon capacitaciones que no fueron realmente impartidas por el acusado Miguel José Moya y la empresa DIO, SRL”.

Además, verificó que “el acusado Jean Alain Rodríguez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución y sus fondos como capital para su campaña política, de cara a sus aspiraciones presidenciales”.  

“Los grandes montos en temas de movimiento de tierras y el equipamiento de las cárceles se hicieron con la intención del acusado Jean Alain Rodríguez en obtener beneficios económicos a su favor, y es por eso que la elección de las empresas que intervinieron en esas tareas fueron elegidas por el acusado Jean Alain Rodríguez antes de realizarse los procesos de Licitación Pública Nacional”, cita el expediente.

Con la declaración probaron que “el pago de los sobornos representaba el 20 % del costo de la obra objeto de la licitación pública manipulada por el acusado Jean Alain Rodríguez en coalición de funcionarios con los demás acusados y que hubo manejo irregular de compras de equipos mediante operaciones de triangulación, dirigidas por el acusado Jean Alain Rodríguez”

Según la Procuraduría, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez en la PGR “se violaban las disposiciones legales de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, así como de comparación de precios”.

“La adjudicación de dichos procesos a favor de determinadas empresas, se hacía para beneficiar empresas de las cuales el acusado Jean Alain Rodríguez era vinculado y los pagos que por parte de la Procuraduría General de la República se les hacían a estas empresas, retornaban a manos del acusado Jean Alain Rodríguez, quien a su vez los autorizaba y firmaba usando la calidad de Procurador General que tenía bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y bloqueo de señales digitales, en las cárceles del país y dentro del Plan de Humanización, el acusado Jean Alain Rodríguez ordenó con fondos de la Procuraduría General de la Republica, la compra de drones y equipos de desactivación de señal digital, que fueron utilizados para su uso personal en su villa de Casa de Campo y otros para prestárselos al entonces Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez”, indica el documento.

Además, comprobó que por instrucciones de Jean Alain se replicó en la PGR “la práctica llevada a cabo en el CEI-RD a su salida en el año 2016, de destrucción masiva de información almacenada en la base de datos de la institución y sus archivos físicos. Así como cualquier otra información que sea del conocimiento del testigo y que sea relevante para este proceso”.

Testimonio Víctor Manuel Lora Imbert

Con las declaraciones de Lora Imbert, la Procuraduría asegura que confirmó “la estructura y funcionamiento de la Dirección de Coordinación Institucional, de las coordinaciones de fiscalías, del equipo político, quienes lo componían, del Movimiento Renovación, de las personas que lo integraban, de los enlaces comunitarios, de las personas empleadas a solicitud de los enlaces comunitarios, de los distintos usos que se le daba a los recursos de la Procuraduría General de la República, del dinero utilizado para actividades políticas, los orígenes de los recursos utilizados para actividades políticas, de las reuniones políticas realizadas en la sede de la Procuraduría General de la República, del equipo de digitación y Call Center". 

La Pepca también comprobó, dice el documento, "los equipos y utensilios de la Procuraduría General de la República utilizados para actividades políticas y otros fines, de la creación y desarrollo del Proyecto República Digital y sus finalidades, las personas que componían y manejaban los movimientos políticos, la participación de empleados de la Procuraduría General de la República en actividades políticas, sobre los concursos amañados realizados por el exprocurador y cómo eran elegidos los beneficiados, el borrado de información tanto en el CEI-RD como en la Procuraduría General de la República en las gestiones del acusado Jean Alaín Rodríguez Sánchez, las personas encargadas de la destrucción de las informaciones digitales y documentales, de la entrega de dinero en sobornos, el proceso de la entrega de dinero". 

Además, probó "la participación del acusado Rafael Antonio Mercede Marte en estos hechos, los sobornos recibidos, de los procesos y logísticas utilizados por este para la entrega de dinero, para actividades políticas". 

Así como la participación de los acusados  Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Altagracia Guillen Calzado, Alfredo Alexander Solano Augusto, de Johannatan Loanders Medina Reyes, de Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Javier Alejandro Forteza, Jenny Marte Peña, Rafael Stefano Canó Sacco, Miguel José Moya.

El MP también verificó "las empresas involucradas en la construcción y equipamiento, sobre el proceso de adquisición de equipos antropológicos y de laboratorios y de ADN para usarse en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los sobornos recibidos y a quienes se le entregaron, las sobreevaluaciones de equipos, utensilios y obras por la Procuraduría General de la República, las remodelaciones de las fiscalías, de las falsificaciones de firmas, la contratación de asesores Españoles por el acusado el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, la verdadera finalidad de esa asesoría; las propiedades de los acusados, sus ubicaciones, administradores; también los seguros internacionales, los montos pagados, las personas beneficiadas, la participación de todos y cada uno de los acusados, los bienes subastados, cómo y por quiénes eran adquiridos".