Acusados en caso Medusa falsificaban firma para beneficiar a empresas del entramado

Los acusados dentro del caso Medusa Johannatan Loanders Medina Reyes y Francis Ramírez Moreno no solo suplantaron la firma del presidente del Comité de Compras y Contrataciones, Víctor Manuel Lora Imbert, sino que “de manera criminal” falsificaron su rúbrica y luego de estampada en un documento físico, lo digitalizaron para posteriormente cortar el recuadro que contiene su firma en el documento digital para ser pegado o superpuesta en una serie de documentos pertenecientes a los procesos de compras y contrataciones de la Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público afirma que la firma (rúbrica) que figura sobre el nombre "Lic. Víctor Lora” en las Actas marcadas como evidencias, del comité de Compras y contrataciones, se corresponde con la firma de Víctor Lora Imbert, de acuerdo al peritaje que realizara el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pero que las mismas fueron implantadas en el documento a través de medios digitales.

“Estas prácticas formaban parte de las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por la estructura de criminalidad organizada que manejaba los procesos de compras de la institución para favorecer de manera particular a entidades que guardaban vínculos con los principales miembros de la estructura, y otras a la cuales exigían soborno para adjudicarles las obras por medio de los procedimientos de Licitación Pública Nacional”, dice la acusación contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los otros implicados.

De acuerdo al Ministerio Público esas acciones fraudulentas eran respaldadas por los miembros de Comité de Compras y Contrataciones Públicas de la Procuraduría General de la República, y los acusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Isis Tapia Steffani, Félix Antonio Rosario Labrado.

“Es justo señalar que el señor Víctor Manuel Lora Imbert, como parte de la estructura, había aceptado firmar las actas a sabiendas de que eran impuestas por el comité de facto y que eran para favorecer a empresas afines al entramado y con la intención de estafar al Estado Dominicano”, dice el documento.

Mientas que la acusada Isis Tapia Steffany a sabiendas de las irregularidades del comité de compras, supuestamente avalaba dichas actuaciones realizando los contratos, y adendas a los mismos, de las compañías que habían sido adjudicatarias, y remitiendo los referidos contratos a la dirección financiera para ejecutar y gestionar los pagos.

“Además, formó parte de las maniobras fraudulentas que configura el tipo penal de coalición de funcionarios orquestada a los fines de estafar al Estado Dominicano por medio de los procesos de Licitación Pública Nacional y Comparación de Precios”, agrega el expediente.