Pepca: Jean Alain Rodríguez recibió RD$163 millones en pagos irregulares por movimiento de tierra en Nueva Victoria

Jean Alain Rodríguez recibió pagos por RD$163 millones, correspondientes al 15 por ciento de los montos erogados por la Procuraduría General de la República para el movimiento de tierra en la construcción de la cárcel Nueva Victoria, dice la acusación de la Procuraduría Especializada de la Prevención de la Corrupción Administrativa.

“En octubre del año 2018, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se acerca al señor Paul Martin Hasbún Saladín, con quien mantenía una amistad producto de una relación laboral previa, cuando ambos pertenencia al Consejo de Administración de Domicen, S.A. En dicho acercamiento, Jean Alain Rodríguez Sánchez, le establece a Paul Martin Hasbún Saladín, que estaría desarrollando un mega proyecto para transformar el sistema penitenciario, que con ese proyecto se iba a casar con la gloria y le serviría para catapultarlo políticamente”, dice la acusación.

De acuerdo al Ministerio Público, Rodríguez Sánchez “le estableció que necesitaba una empresa para que trabaje los movimientos de tierra, a lo que Paul Martin Hasbún Saladín recomendó la empresa donde es miembro de órgano de gestión, la razón social Strukturat, LTD, y en donde Enrique Ernesto Bonetti Galván fungiría como director general”.

Y agrega: “Paul Martin Hasbún Saladín organiza una reunión entre Jean Alain Rodríguez Sánchez y Enrique Ernesto Bonetti Galván, que tiene lugar en la casa del exprocurador, ubicada en la torre Logroval, en la que participan los tres anteriormente mencionados. Es ahí en donde se coordina lo referente al movimiento de tierra que tendría lugar en donde se construiría La Nueva Victoria, en Las Parra, Municipio de Guerra. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez le pregunta si la empresa Strukturat, LTD tenía la capacidad para hacer ese trabajo, a lo que Paul Hasbún le responde, luego de hablar con Enrique Ernesto Bonetti Galván, que sí, que estaban en capacidad de hacer ese trabajo consorciado o subcontratado, a esos fines se procedería a subcontratar varias empresas”.

El documento de la Pepca establece que Jean Alain Rodríguez Sánchez “les asignaría la obra, pero que tendrán que darle un 20% del total del contrato, lo cual debía ser en efectivo y cambiado a dólares, al ser esto aceptado, le manifiesta que le pondría en contacto con Jonnathan Joel Rodríguez Imbert para coordinar el tema de la licitación”.

Según la acusación, cuatro meses iniciados los trabajos, en el 2019, Jean Alain Rodríguez solicitó el primer pago a Bonetti Galván y Hasbún Saladín y éstos “hacen entrega de la cantidad de US$600,000.00 en efectivo a Jean Alain Rodríguez en su residencia”.

Un segundo pago se habría realizado dos meses más tarde, cuando entregaron al exprocurador “la cantidad de novecientos setenta y siete mil quinientos diecisiete dólares (US$977,517.00), actividad que tuvo lugar en a la residencia de Jean Alain Rodríguez, concretizándose en este acto una clara operación de soborno y lavado de activos realizada de manera personal por el Procurador General de la República quien estaba llamado a perseguir el delito, no a cometerlo”.

El documento de 12,274 páginas obtenido por Diario Libre señala que “unos 15 días luego, Jean Alain Rodríguez Sánchez solicita a Paul Martin Hasbun Saladin, otra entrega de dinero, como pago final del compromiso arribado con la empresa Strukturat, LTD. A estos fines, el día 10 de julio del año 2019, Paul Martin Hasbun Saladin y Enrique Ernesto Bonetti Galván, se presenta en la residencia del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y le entregan en efectivo la cantidad de trecientos noventa y ocho mil doscientos catorce dólares US$398,214.00”.

La Procuraduría General de la República realizó pagos a la empresa Strukturat, LTD, por la cantidad de mil noventa y siete millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos con 25/100, (DOP$ 1,097,472,355.25).

De dicha cantidad, fue entregado al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez la cantidad de cientos sesenta y tres millones de pesos (RD$ 163,000,000.00), lo que equivale a un 15% del valor contratado, dice la Procuraduría.