Auditoría de la Cámara de Cuentas señala irregularidades en gestión de Jean Alain
Desde obras con vicios de construcción, planos sin terrenos y adjudicaciones a personas no habilitadas, detectó la Cámara de Cuentas
El hoy preso preventivo Jean Alain Rodríguez presentó a escasos meses de concluir el año 2018 el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, definido por él, en ese entonces como procurador general de la República, como uno de los proyectos más trascendentales que erradicaría el hacinamiento y otros males que atraviesan las cárceles del país.
Infraestructura y reinserción fueron los componentes básicos de este plan que prometía la construcción de más cárceles y el remozamiento de otras.
Este martes una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, a solicitud de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), reveló una realidad distinta: “Irregularidades e inobservancias a la ley” en su implementación que comprometen administrativa y civilmente y "revela los indicios de responsabilidad penal" de los principales funcionarios de la PGR durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de agosto de 2020.
Entre las irregularidades detectadas por el equipo auditor se destacan: planos elaborados sin terrenos, falta de planificación de la obra, falta de estudio de suelos, deficiencia en la supervisión de las obras, abandono de las edificaciones construidas, vicios ocultos de construcción, inauguración y compra de equipamientos sin culminar las obras, composición del Comité de Compras no acorde al decreto 542-12, etc.
Una de las cifras más elevadas es el dinero del erario dedicado a los contratos en obras no planificadas, la Cámara de Cuentas asegura que se destinó en 8,535,985,800 pesos.
Además, el monto por vicios ocultos de construcción de obras es de 438,715,007 pesos.
A continuación, el detalle de algunas irregularidades detectadas:
Adjudicación a empresas pertenecientes a los mismos socios en un mismo procedimiento de selección:109,809,445 pesos
Pago de avance sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía: 617,813,351 pesos
Adjudicación a consorcio sin registro de proveedor del Estado: 510,104,650 pesos
Adjudicación de empresa propiedad de funcionaria del Ministerio de la Presidencia 103,525,976 pesos
Fraccionamiento en contratación de servicios: 54,847,298 pesos
Incumplimiento del plazo para la suscripción de contratos: 3,959,689 pesos y 4,389,800 pesos
Adjudicación a proveedor sin evidencia de documentación legal y técnica: 348,299,904 pesos
Certificación de fondo inferior al monto contratado: 62,000,000 pesos
Adjudicación a oferentes sin poseer el rubro: 494,562,017 pesos
Adjudicación a contratista no habilitado: 5,850,951 pesos
Adquisiciones de bienes sin procedimiento de selección e incumplimiento del objeto contractual: 11,547,236 pesos y 4,229,770 pesos
Adjudicación a contratista no habilitado: 5,850, 951 pesos
Procesos sin evidencia de publicidad ni registro en portales: 4,389,800 pesos
Falta de planificación de las obras: 8,535,985,800 pesos
Vicios ocultos de construcción de obra: 438,715,007 pesos
Obras que presentan pagos mayores a los ejecutados: 313,405,422 pesos
Desembolsos sin facturas o documentos comprobantes del gasto: 529,957,818 pesos
Pagos a facturas con el mismo número de comprobante fiscal: 5,150,922 pesos
Deficiencia en la realización y delimitación de funciones y responsabilidades: 1,274,404,975 pesos y 4,679,399 pesos
Debilidades y vulnerabilidades encontradas durante la inspección física: 348,299,904 pesos
El informe legal de la Cámara de Cuentas expresa que “la inobservancia e incumplimiento de sus disposiciones legales relevantes a la materia, los funcionarios y servidores públicos no se han desempeñado al nivel esperado para aquellos llamados a salvaguardar los intereses públicos, comprometiendo su responsabilidad administrativa, por acción u omisión”.
Señala que “la administración deficiente de los recursos públicos asignados trae como consecuencia, en muchos hallazgos de este informe, un menoscabo de tales recursos, por lo que comprometen, por igual su responsabilidad civil y revela los indicios de responsabilidad penal de los funcionarios y servidores públicos”.
Operación Medusa
Una investigación inicial de la actual gestión de la Procuraduría, liderada por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, apresó bajo el nombre de operación Medusa al exprocurador Jean Alain Rodríguez y a otros ocho funcionarios de su gestión el pasado 29 de junio del 2021.
El expediente del caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez y los demás imputados supuestamente integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el exsubdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
A un año del desmantelamiento de la supuesta red, el Ministerio Público da los toques finales para la presentación de la acusación formal de los imputados.
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