Jueza decide mantener cerrada empresa de Jean Alain Rodríguez bajo investigación del MP

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó la tarde de este jueves la solicitud hecha por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez de que le permitieran operar a su empresa, cerrada a raíz de la investigación de la operación Medusa, por entender que el caso sigue abierto en la primera fase y que el Ministerio Público aún continúa con sus investigaciones.

El exfuncionario estaba fundamentando su pedido en que debe pagar a once empleados, cobrar cheques, emitir y pagar impuestos.

El tribunal también falló dos pedidos más hechos por el imputado, para que el Ministerio Público le entregue documentación que servirán para su defensa y que las instituciones del Estado alegan necesitar permisos de las autoridades judiciales para entregarlos.

"Le habíamos requerido tanto al Ministerio Público como al Tribunal, en primer lugar la empresa donde fundó el exmagistrado Rodríguez Sánchez en el año 2009, qué es donde opera su oficina, donde él trabaja, donde trabaja su esposa y dónde trabajan 11 personas en total, fue objeto recientemente de una inmovilización de fondos, le pedimos al Tribunal que nos permitiera operar, que nos permitiese hacer trabajos, recibir un pago y depositar en la cuenta y hacer cheques, irnos a la tesorería y pagarle a los empleados y nos deje pagar impuestos y nos dijeron que por la aplicación del artículo 23 de la ley de Lavado de Activos, hasta que no acabe la investigación, eso está prohibido, no queda más remedio que esperar que el vencimiento de este paso, que se supone es el 7 de julio", dijo el abogado de Jean Alain Rodríguez, Gustavo Biaggi.

"Trataremos de sobrevivir con ese bloqueo, hay que trabajar, recibir algún pago legítimo dando los recibos correspondientes y pagando en efectivo, no podemos trabajar a través del sistema bancario por las restricciones, sin hacer nada ilegal, tenemos que sobrevivir porque no puede condenarse a morir a una empresa por una investigación", agregó.

Sobre el otro pedimento, dijo que los medios de defensa de su cliente están todos en manos del Ministerio Público o instituciones del Gobierno "que nos dicen como esto es parte de una investigación no podemos suministrarle nada sin el permiso del Ministerio Público, es decir, la Contraloría General de la Nación, en la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos", agregó Biaggi.

Dijo que el tribunal ordenó que la documentación sea suministrada por el Ministerio Público, siempre y cuando no tenga que hacer informes o reportes porque el tribunal no los puede obligar a eso. 

La decisión fue tomada por la magistrada Altagracia Ramírez.