Pepca deposita su acusación contra mayor general Adán Cáceres y demás implicados en caso Coral

Tres horas antes de que venciera el tiempo de intimación, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó la mañana de este jueves la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y los demás implicados en el caso Coral.

El Ministerio Público tenía hasta la 1:05 de la tarde y acudieron al tribunal a las 10:00 de la mañana. 

El depósito lo encabezó la procuradora de corte Mirna Ortíz junto a un equipo de la Pepca. Estos llevaron a la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, además de la acusación, tres cajas de pruebas documentales que incluyen información financiera, informes de las auditorias de la Cámara de Cuentas y otros soportes probatorios.

Esto se produce tras la intimación que hiciera el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ya que la Pepca había dejado vencer el plazo de dos meses que le habían otorgado para completar la investigación.

Los hechos del caso Coral

Las investigaciones de la Pepca establecen que Adán Cáceres se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear una presunta red corrupta para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), institución que dirigía.

Por estos actos de corrupción fueron sometidos el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, quienes guardan prisión preventiva.

En contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.

La red supuestamente se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). De acuerdo con la Pepca, en estas instituciones se incluían en la nómina a militares y policías que se prestaron para hacer desfalcos millonarios a cambio de pequeños montos de ganancia.

Supuestamente, la red utilizó instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero sustraído del erario público. Dicen que los imputados llegaron a aumentar considerablemente su patrimonio de manera que no podían justificar.