SCJ da salida a más de 23 mil expediente desde el 2019
Implementó el Plan de Erradicación de la Moral Judicial
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó este miércoles que ha dado salida a 23,143 expedientes desde que implementó un plan para erradicar la mora judicial el mes de junio de 2019.
La alta corte reseño que el Plan de Erradicación de la Moral Judicial, “ha evidenciado resultados significativos”. Se refirió al tema en una nota de prensa que remitió a los medios de comunicación.
Indicó que para junio de 2019 tenía pendiente de audiencia y fallo 9,187 expedientes completos.
“Para marzo de 2022 se ha reducido esa cifra a 2,771, lo que representa un 70% de reducción”, arguyó.
Atribuyó el éxito en la reducción de la mora judicial, “a la integración de nuevas metodologías de trabajo y herramientas tecnológicas que permiten que el procesamiento de casos jurídicos sea más eficiente y rápido”.
Detalló a qué salas de la Suprema corresponden los casos pendientes de conocimiento y una sentencia:
1,780 corresponden a la Primera Sala o Sala Civil y Comercial
552 de la Segunda Sala o Sala Penal
261 de la Tercera Sala o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario
178 del Pleno y Salas Reunidas
Agregó que, según los datos ofrecidos por el secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas, los expedientes ingresados previo al año 2021 en la Segunda Sala y Tercera Sala han sido resueltos en un 100%, mientras que en el primer trimestre del 2022 se fallaron 2,800 casos, unos 1,175 más que en ese mismo periodo del año 2021.
Más detalles
Lucas indicó que en los meses de enero a marzo del 2022 a la SCJ ingresaron 1,479 recursos de casación, de estos 410 ingresaron en el mes de enero y fueron fallados 591; en el mes de febrero fueron recibidos 440 y resolvieron 1,131; mientras que en marzo entraron 629 y egresaron 1,078, evidenciando que esa alta corte tiene una capacidad de solución de casos mayor a los recibidos.
El Plan comenzó a implementarse por la SCJ desde noviembre del 2020, cuando se definió la estrategia cuyo objetivo es incrementar significativamente la eficiencia del servicio judicial, como instrumento para una administración de justicia oportuna.
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