Ratifican coerción a cuatro involucrados en la supuesta red de corrupción Medusa

La jueza del cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, ratificó este martes las medidas de coerción a cuatro de los involucrados en el caso de corrupción Medusa, cuya cabeza el Ministerio Público atribuye al exprocurador Jean Alain Rodríguez, y mediante la cual supuestamente se estafó al Estado con más de seis mil millones de pesos. 

En la revisión obligatoria, la magistrada falló para mantener en prisión preventiva a Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y domiciliaria a Rafael Antonio Mercedes Marte y Altagracia Guillén Calzado.

Sobre los dos primeros pesa la prisión preventiva de 18 meses en Najayo. Mientras que, Guillén Calzado, exsubdirectora Administrativa y Financiera de la PGR y Mercedes Marte, exencargado del departamento de Contabilidad de la misma institución, guardan prisión domiciliaria y tienen impedimento de salida del país.

La jueza entendió que no han variado los presupuestos que dieron origen a las distintas medidas coercitivas.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), volvió a repetir que los procesos del Ministerio Público son blindados.

"Nosotros no perseguimos casos, nosotros perseguimos estructuras. Estamos concentrados en seguir desmontando estructuras de corrupción", señaló el magistrado.

Ingrid Hidalgo, abogada de Rodríguez Imbert, dijo que no recurrirá la decisión. "Luego ustedes se darán cuenta de que todo lo que investigó el Ministerio Público se trata de un juicio mediático", indicó Hidalgo.

Además del exprocurador y los cuatro señalados, por el caso también es procesado el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña y Miguel José Moya. A este último le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

El caso involucra también a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez, quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana para que responda por los hechos de corrupción que se les imputan.

Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.

El exprocurador y sus colaboradores y relacionados están imputados, igualmente, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.