MP dice ha depositado un "huracán" de pruebas contra acusados en caso Antipulpo

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, dijo que el Ministerio Público no se opone a que imputados del caso Antipulpo conozcan a fondo las pruebas en su contra y que las mismas son un "huracán categoría cinco".

"El Ministerio Público no se opone (a que los imputados conozcan las pruebas) porque ese es su derecho y, es evidente que el Ministerio Público ha depositado un huracán de pruebas en este proceso. Un huracán categoría cinco, y es proporcional que la defensa tenga la oportunidad de revisar este torrente", expresó Camacho al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Agregó que estas pruebas y evidencias ocupan 194 gigas de memoria aproximadamente, y que acudieron a los tribunales con todas las líneas de investigación blindadas.

Este lunes, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional encargado de conocer la etapa preliminar o juicio a las pruebas del caso Antipulpo, Deiby Timoteo Peguero Jiménez, fijó para el próximo 21 de febrero, a las 9:00 de la mañana, la revisión obligatoria del caso y ordenó al Ministerio Público habilitar dispositivos electrónicos en la cárcel de Najayo Hombres para que los imputados puedan conocer las 103 mil páginas de acusaciones y pruebas que hay en su contra. El Ministerio Pública acusa a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, de encabezar la supuesta red de corrupción.

Los abogados de los distintos acusados en esta investigación, que abarca el periodo 2012-2020, se mostraron complacidos con la decisión.

José Miguel Minier, abogado de Fernando Rosa, afirmó que en la cárcel de Najayo Hombres, el Ministerio Público habilitará un lugar para que los señalados y sus representantes legales puedan leer las pruebas.

Además, manifestó que el juez calendarizó las audiencias para que, a partir del primer lunes de abril, todos los lunes, se pueda avanzar en el caso.

Dijo que existe la defensa técnica que la ejercen los abogados, y la material, que la practican los imputados, las cuales se facilitarán con esta decisión del juez.

En tanto, el abogado de Aquiles Cristofer manifestó que existen señalados que aún no han recibido la acusación, pero vio la decisión como correcta.

Carlos Salcedo, representante del imputado Juan Alexis Medina Sánchez, Carlos Salcedo, valoró que les den un día para, junto a las defensas y que se habilite un puerto USB para colocar las memorias y ver las imputaciones del Ministerio Público.

En la red de supuesta estafa contra el Estado figura como principal cabecilla, Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magaly Medina Sánchez, hermanos del expresidente Medina.

Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago, entra otros más.

La acusación aporta evidencias de cómo el supuesto entramado societario vinculado a Alexis Medina Sánchez, el cual, según el Ministerio Público, se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo.

El expediente dice que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.