Juez fija para el 21 de febrero la revisión obligatoria del caso Antipulpo

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional encargado de conocer la etapa preliminar o juicio a las pruebas del expediente Antipulpo, Deiby Timoteo Peguero Jiménez, fijó para el próximo 21 de febrero a las 9:00 de la mañana la revisión obligatoria del caso.

Además, ordenó al Ministerio Público habilitar dispositivos electrónicos en la cárcel de Najayo Hombres para que los imputados puedan conocer las 103 mil páginas de acusaciones y pruebas en su contra.

Más temprano, la mayoría de los abogados de los acusado en esta investigación solicitaron un aplazamiento de la audiencia, al indicar que no recibieron la acusación o que no les llegó a tiempo o porque el expediente es muy extenso, por lo tanto, no han podido recibir informaciones valiosas a tiempo.

Caso Antipulpo

Dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que Juan Alexis Medina utilizó su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para crear una red de empresas con el único objetivo de participar de licitaciones estatales.

En su estrategia, tuvo mucha suerte. Supuestamente, usó testaferros y prestanombres para que fungieran como los titulares o socios de las más de 21 empresas que utilizaron para participar en las licitaciones en las que, casi siempre, salían ganadoras, establecen las autoridades.

“Las acciones delictivas de sustracción de fondos de la organización criminal afectaron el sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrica (a través de Edeeste y la UERS), la seguridad vial, el orden socio económico, las elecciones nacionales del año 2016 y 2020, a través del financiamiento ilícito de las campañas electorales con los fondos de las empresas reformadas del Estado”, precisa la acusación presenta por el Ministerio Público.

Asimismo, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago, entre otros más.

La acusación aporta evidencias de cómo el entramado societario vinculado a Alexis Medina Sánchez supuestamente se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo.

El expediente dice que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.