Wilson Camacho dice debilidad de ley de Compras dificulta enfrentar la corrupción
Camacho: “Es difícil enfrentar la corrupción con efectividad, mientras el Estado negocia con cualquiera"
Solicitó con urgencia la modificación de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas
El director de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, fustigó las debilidades que presenta actualmente la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 para las violaciones a esta normativa.
En un hilo de tuits, el magistrado Camacho, se desahogó y dijo que para enfrentar la corrupción hace falta más acciones que discursos.
Una de ellas es modificar de manera urgente la Ley 340-06 para que las infracciones puedan ser sancionadas penalmente.
“Es urgente modificar la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. Las violaciones a esta ley no pueden seguir sin sanciones penales, además de que debe actualizarse conforme las diversas modalidades de corrupción de hoy día”, deploró.
“El Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer 'negocios' y hacerse ricos a costa de los intereses colectivos. Como nación debemos asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas. Ese proceso avanza modificando la Ley de Compras y Contrataciones”, prosiguió.
Camacho indicó que, en la modificación de la referida ley, el Estado debe cambiar la forma de hacer negocios: “Es difícil enfrentar la corrupción con efectividad, mientras el Estado negocia con cualquiera, con 'empresas' sin ninguna experiencia, trayectoria o condiciones para suplir lo que ofertan… La transparencia, el respeto por la cosa pública, por los fondos públicos,necesita de compromisos”, recalcó.
Inabie en la mira
La queja de Camacho surge en momentos en que se investigan denuncias en contra de Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por supuestos actos de corrupción y colusión en los procesos de licitaciones con suplidores del almuerzo escolar.
El propio titular de la Dirección de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que los hallazgos preliminares de la investigación apuntan a que en el seno del Inabie se gestaba un entramado de funcionarios y proveedores para aprovecharse del presupuesto de la institución y que esto llevaba años realizándose.
“Todo indica que el esquema de Inabie no es nuevo. El esquema de Inabie se instaló cuando se sustituyó la modalidad de que el alimento se preparaba en las escuelas. Se hace la transición hacia la modalidad de contratación de cocinas y eso ha servido históricamente para la repartición”, dijo el pasado martes durante una entrevista que le concedió al programa Telematutino 11.
Además, adelantó que la pasada gestión del Inabie, encabezada por su exdirector Cecilio Antonio Rodríguez, le había dado continuidad a la vieja práctica.
“El error es que las antiguas autoridades de Inabie de este gobierno decidieron seguir con el esquema encontrado en Inabie, esa es la realidad, y por eso reproduce una situación que se le va de las manos y no hay forma de dar respuestas”, deploró.
Ayer Rodríguez fue interrogado por la Pepca por las supuestas irregularidades detectadas durante el ejercicio de sus funciones en el Inabie.
Cuestionado por la prensa, el exfuncionario dijo que las acusaciones en su contra son "falacias" que le están causando mucho daño a él y a su familia.
Cecilio Antonio Rodríguez fue cancelado en noviembre del año pasado mediante decreto del presidente Luis Abinader, luego de una investigación de Diario Libre que reveló que se había adjudicado contratos a 1,260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos. La publicación establece que el Comité de Compras y contrataciones del Inabie aprobó la entrega de los contratos de manera unánime y la justificó en que la cantidad de oferentes descalificados pondría en riesgo la distribución oportuna y eficaz de la alimentación de los estudiantes del sistema público nacional. La investigación publicada por Diario Libre explica que, de acuerdo a la resolución aprobada, quedaron habilitados para suplir a nivel nacional en total 2,372 suplidores, de los que solo cumplían con el pliego de condiciones 1,112 y fueron más los favorecidos que no calificaban.
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