Aplazan para febrero la revisión de la coerción a los imputados en caso Medusa

La jueza Altagracia de la Cruz aplazó para el 18 de febrero la revisión de la medida de coerción a los imputados del entramado de corrupción desmantelado a lo interno de la Procuraduría General de la República a través de la Operación Medusa.

El aplazamiento de la audiencia que se conocería este viernes en el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional se produjo a causa de que la imputada Jenny Marte Peña se presentó sin abogado que la asistiera. Para garantizar su derecho de defensa, el tribunal decidió la posposición de la audiencia.

En la vista hoy le revisarían la medida de coerción a los implicados en el caso Medusa, excepto a Jean Alain Rodríguez (principal imputado) y a Alejandro Forteza Ibarra.

Desde julio del año pasado el exprocurador Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En el caso también figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Respecto a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio Público informó que ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.

Los hechos

De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.