El populismo penal ha “permeado” en la justicia, advierten abogados

Luego de que un tribunal dictara una garantía económica de 30,000 pesos en contra de una mujer que destruyó el vehículo de su expareja con un bate, usuarios de las redes sociales expresaron su malestar con la medida alegando que, si el incidente hubiera sido provocado por un hombre, probablemente la coerción sería prisión, lo que, a juicio de abogados consultados, es una muestra de “populismo penal”.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este lunes, además de la garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica contra Tania Vargas Jiménez, tras el hecho contra una propiedad de Freddy Antonio Jiménez Reyes, su expareja, quien fue favorecido por el tribunal con una orden de protección.

El abogado Rafael Ariza recordó al conversar con Diario Libre que la medida de coerción “no es una pena, es una garantía para que ella no se sustraiga del proceso, por lo tanto, usted no puede pedir resarcimiento económico, ni una prisión, porque el juez lo que evalúa si la persona se puede evadir o no”.

“Una mujer con tres hijos probablemente no tenga para donde salir corriendo y el juez entendió que por eso procedía poner una garantía económica y se presente a juicio”, indicó el jurista, quien calificó de correcta la medida, al tiempo que sostuvo que “la gente se está acostumbrando, por el populismo penal, a que en la medida de coerción se le ponga 18 meses, eso no es una condena, es para complacer el morbo”.

En ese sentido se expresó el abogado José Martínez Hoepelman, quien entiende que la medida de coerción se ha “desnaturalizado” en la República Dominicana, a la vez que indicó que este mecanismo “no es una pena anticipada como la sociedad ha querido malentender”.

“La justicia está muy permeada por el populismo penal, en algunos casos sin ser hechos que tengan como consecuencia una prisión grave o una laceración grave a la sociedad se imponen medidas de coerción muy gravosas que no guardan relación con los hechos que se investigan. Recuerde que las medidas de coerción se dan en el ámbito de la investigación de carácter penal, no en el ámbito de una condena o juicio”, manifestó.

Martínez Hoepelman advirtió que, si se les pregunta a las personas cada vez que se desarrolle un proceso de carácter judicial y técnico, “tendremos consecuencias muy negativas”.  

Al ser preguntados sobre la incidencia que tiene el hecho de que la mujer haya sido denunciada en cuatro ocasiones por su expareja por “constantes asedios”, como reveló este lunes el procurador fiscal de Santo Domingo Este, los juristas indicaron que esto no es sinónimo de reincidencia.

“Las denuncias no son reincidencia; reincidencia es condenado y que vuelva a hacerlo”, sostuvo Ariza, quien indicó que el Ministerio Público debe investigar las denuncias. Con el abogado coincidió Martínez al indicar que la reincidencia es judicial, “cuando una persona ha cometida un hecho y ha sido sancionado por el”.

Sobre las declaraciones de usuarios en las redes, de que, si el hecho hubiera sido perpetrado por un hombre, la medida hubiera sido más severa, Ariza estuvo de acuerdo: “probablemente el hombre estuviera preso, pero, si tú buscas las estadísticas de mujeres y hombres asesinados se va a entender porque la justicia se inclina a meter al hombre preso más que la mujer, por las estadísticas históricas”.

Abogan por intervención de expertos en la salud mental en casos de violencia

Al ser preguntado sobre el caso, el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, abogó que se trate el aspecto de la salud mental ante estos casos de violencia intrafamiliar.

En ese sentido sostuvo que, lo correcto es la intervención de expertos en la salud mental que están al servicio del Ministerio de la Mujer y la Procuraduría General de la República.

El jurista expresó que ha observado la ausencia, en la política criminal del Estado, acciones que tiendan a disuadir la violencia y promover la solución armoniosa de los conflictos en los hogares, sobre todo en el marco de la pandemia.