La Corte rechaza recusación del general De los Santos Viola contra Kenya Romero en caso Coral 5G

La Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este viernes la segunda recusación con la que la defensa del general Julio de los Santos Viola pretendía que la jueza Kenya Romero fuera apartada del conocimiento de la medida de coerción del caso Coral 5G.

Los magistrados Ysis Muñiz, Luis Jiménez y Rosalba Garib Holgín, de la Segunda Sala de la Corte, consideraron que los argumentos planteados por la defensa del general De los Santos Viola en esta segunda recusación, son los mismos que habían argumentado en la primera acción que también fue rechazada el 6 de diciembre del presente año.

“Al examen de la recusación planteada, esta Corte ha podido advertir en primer orden, que si bien es cierto el recurrente habla de una interposición de una querella, los argumentos planteados en sustento de la recusación son los mismos en los que se sustentó la recusación interpuesta en fecha treinta 30 de noviembre 2021, y que fue decidida y rechazada por esta alzada en fecha 6 de diciembre del 2021”, dice el fallo de la Corte.

En las motivaciones de la decisión, los magistrados expresaron que “en segundo orden, se observa que posterior a la recusación decidida y rechazada en la fecha antes señalada, no ha sobrevenido ninguna actuación nueva por parte de la magistrada Kenya Romero, que pudiera dar al traste con alguna de las causales contenidas en el artículo 78 del Código Procesal Penal para ser recusada”.

Los jueces ordenaron la notificación de la decisión a la magistrada Kenya Romero y le ordenó que proceda con la fijación de una audiencia para que le conozca medida de coerción al general Julio de los Santos Viola.

Los procesados

El pasado martes la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción a otros 12 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G y declaró el caso complejo.

La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN), al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD) y al coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.

En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.

Para el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD), dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país. 

En el transcurso de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

El órgano de la persecución penal ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.

Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.

A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.

La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Pepca.

Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.