Juristas defienden constitucionalidad Ley General de Salarios
Dicen que corregirá distorsiones en la gestión de los recursos humanos del sector público
SANTO DOMINGO. La aprobación de la Ley General de Salarios, que fue observada por el Poder Ejecutivo y devuelta a la Cámara de Diputados, es una necesidad impostergable para que el país pueda contar con una normativa que permita lograr la transparencia, eliminar la discrecionalidad e inequidad salarial, así como corregir distorsiones en la gestión de recursos humanos en el sector público, consideraron este martes los juristas José Darío Suárez y Olivo Rodríguez Huertas, quienes participaron con sendas exposiciones en un conversatorio sobre el tema, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
Durante su intervención, Rodríguez Huertas destacó que las disposiciones de la Ley General de Salarios abarcan a todos los entes de la administración pública, aunque tengan autonomía constitucional o legal. "Existen las bases constitucionales para el establecimiento de un sistema de compensaciones dentro del sector público, generando uniformidad entre los órganos y entes que cuentan con ese tipo de autonomía", señaló el experto.
Asimismo, aclaró, con respecto a la controversia creada en torno al papel del Ministerio de Administración Pública en el establecimiento de esas remuneraciones, que esos aspectos quedan en manos del Poder Legislativo, y son los legisladores quienes deben definir el monto y la cuantía de las compensaciones que deben recibir esos organismos autónomos.
"Lo que ha habido es un malentendido, porque la ley de salarios no plantea que será el Ministerio de Administración Pública el que fijará los sueldos en los entes de origen constitucional como el Tribunal Constitucional, serán sus órganos directivos los que establecerán sus escalas de salarios" explicó Olivo Rodríguez Huertas.
Por su parte, José Darío Suárez especificó que la Ley General de Salarios no contradice los principios de la Ley 41-08, de Función Pública, "sino que los reitera, al tiempo que contribuye a disminuir el dispendio y corregir distorsiones".
El reconocido jurista hizo énfasis en el hecho de que si alguna institución tiene personalidad jurídica, "eso no la coloca fuera de la administración pública".
También expuso que estos organismos autónomos "no pueden definir su propia organización, algo que es potestad del Congreso Nacional", y en este sentido sentenció: "Descentralizar sin control es democratizar la corrupción".
Fanny Bello, directora de Análisis de Trabajo y Remuneraciones del MAP; al intervenir en el conversatorio, indicó que uno de los objetivos de la Ley General de Salarios es que la complejidad de los cargos a desempeñar sea lo que determine el salario base, o sea el principio de que por igual tarea se perciba igual salario.
No obstante, precisó que sumado a esto se tomaría en cuenta el desempeño individual para el establecimiento de compensaciones adicionales, un sistema que aún se encuentra en proceso de estudio por parte del Ministerio de Administración Pública.
Durante su intervención, Rodríguez Huertas destacó que las disposiciones de la Ley General de Salarios abarcan a todos los entes de la administración pública, aunque tengan autonomía constitucional o legal. "Existen las bases constitucionales para el establecimiento de un sistema de compensaciones dentro del sector público, generando uniformidad entre los órganos y entes que cuentan con ese tipo de autonomía", señaló el experto.
Asimismo, aclaró, con respecto a la controversia creada en torno al papel del Ministerio de Administración Pública en el establecimiento de esas remuneraciones, que esos aspectos quedan en manos del Poder Legislativo, y son los legisladores quienes deben definir el monto y la cuantía de las compensaciones que deben recibir esos organismos autónomos.
"Lo que ha habido es un malentendido, porque la ley de salarios no plantea que será el Ministerio de Administración Pública el que fijará los sueldos en los entes de origen constitucional como el Tribunal Constitucional, serán sus órganos directivos los que establecerán sus escalas de salarios" explicó Olivo Rodríguez Huertas.
Por su parte, José Darío Suárez especificó que la Ley General de Salarios no contradice los principios de la Ley 41-08, de Función Pública, "sino que los reitera, al tiempo que contribuye a disminuir el dispendio y corregir distorsiones".
El reconocido jurista hizo énfasis en el hecho de que si alguna institución tiene personalidad jurídica, "eso no la coloca fuera de la administración pública".
También expuso que estos organismos autónomos "no pueden definir su propia organización, algo que es potestad del Congreso Nacional", y en este sentido sentenció: "Descentralizar sin control es democratizar la corrupción".
Fanny Bello, directora de Análisis de Trabajo y Remuneraciones del MAP; al intervenir en el conversatorio, indicó que uno de los objetivos de la Ley General de Salarios es que la complejidad de los cargos a desempeñar sea lo que determine el salario base, o sea el principio de que por igual tarea se perciba igual salario.
No obstante, precisó que sumado a esto se tomaría en cuenta el desempeño individual para el establecimiento de compensaciones adicionales, un sistema que aún se encuentra en proceso de estudio por parte del Ministerio de Administración Pública.
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