Juez federal de EEUU ve motivos para demanda contra expresidente boliviano
Gonzalo Sánchez de Lozada es demandado por los familiares de las víctimas del "Octubre Negro"
MIAMI.- Un juez de Estados Unidos ha encontrado indicios "convincentes" para que avance una demanda por presuntas violaciones de los derechos humanos contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, informaron hoy fuentes judiciales.
El fallo del juez sostiene además que la demanda presenta de forma adecuada que ambos demandados son supuestamente responsables de los asesinatos bajo la doctrina de la "responsabilidad de mando".
El juez de Fort Lauderdale, ciudad aledaña a Miami, defiende en su escrito que los cargos pueden proceder contra los demandados bajo la Ley de Protección a Víctimas de la Tortura, según informó la organización International Human Rights Clinic, de la Escuela de Leyes de Harvard, que forman parte de los abogados demandantes.
El juez dijo que sería "absurdo" que el expresidente y el exministro bolivianos, quienes viven en Estados Unidos desde hace más de una década, pudieran evadir la responsabilidad de supuestas violaciones de los derechos humanos amparándose en que el gobierno boliviano indemnice a las víctimas de estos hechos violentos.
El fallo del juez sostiene además que la demanda presenta de forma adecuada que ambos demandados son supuestamente responsables de los asesinatos bajo la doctrina de la "responsabilidad de mando".
El juez de Fort Lauderdale, ciudad aledaña a Miami, defiende en su escrito que los cargos pueden proceder contra los demandados bajo la Ley de Protección a Víctimas de la Tortura, según informó la organización International Human Rights Clinic, de la Escuela de Leyes de Harvard, que forman parte de los abogados demandantes.
El juez dijo que sería "absurdo" que el expresidente y el exministro bolivianos, quienes viven en Estados Unidos desde hace más de una década, pudieran evadir la responsabilidad de supuestas violaciones de los derechos humanos amparándose en que el gobierno boliviano indemnice a las víctimas de estos hechos violentos.
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