Prisión preventiva solo para uno de los acusados de amenazar a fiscal chilena

Santiago de Chile, 27 nov (EFE).- Un juzgado chileno decretó prisión preventiva para solo uno de los ocho acusados por presuntamente haber enviado una carta con amenazas a la fiscal Ximena Chong, responsable de investigar al agente que el pasado octubre lanzó a un menor al cauce de un río en una manifestación.

El Poder Judicial informó que el Séptimo Juzgado de Garantía dejó en prisión preventiva al individuo identificado como 'P.E.M.C.' y dejo a los otros siete imputados con 'firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y su familia'.

Los ocho acusados, seis hombres y dos mujeres, fueron detenidos en sus distintos domicilios a primera hora del miércoles y, según la prensa local, 'P.E.M.C.' tenía en su poder una subametralladora modelo UZI sin autorización.

'Es un grupo organizado que tenía por fin amedrentar e impedir que la autoridad cumpliera con su rol. No es un hecho aislado ni circunstancial. Hay una planificación en un inmueble y estamos investigando si están relacionados con otras amenazas', indicó tras la detención el miércoles del director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Héctor Espinosa.

La fiscal Chong fue la encargada de identificar al agente Sebastián Zamora gracias a unas imágenes registradas por un canal de televisión que se viralizaron por las redes sociales.

Zamora, que fue dado de baja del cuerpo policial de Carabineros, fue detenido días después del incidente ocurrido el 2 de octubre y está acusado de homicidio frustrado y omisión de socorro.

El adolescente de 16 años, que perdió la consciencia tras ser lanzado al Río Mapocho desde una altura de 7,5 metros durante una manifestación en los alrededores de la mítica Plaza Italia, sufrió graves heridas, pero se encuentra fuera de peligro y recuperándose en casa.

Los hechos le costaron el cargo al entonces ministro de Interior, Víctor Pérez, y acrecentaron las críticas contra los Carabineros y su dirección, en el punto de mira por su brutalidad desde que comenzaron las protestas en octubre de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos.

Según el Ministerio Público, a principios de octubre había más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos en la dispersión de las marchas, pero sólo 75 agentes han sido imputados.

Chong, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, también alertó entonces sobre la presencia de un policía en los alrededores de su vecindario, lo que despertó duras críticas por parte del Ministerio Público y de la oposición. EFE