Michelle Bachelet pide diálogo como respuesta a las crisis que sacuden Latinoamérica

El diálogo es la única solución a las diversas crisis que sacuden Latinoamérica y que se reflejan en la violencia en Brasil y México, la amenaza al proceso de paz en Colombia o la situación en Venezuela, dijo hoy la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Al cumplir su primer año en uno de los puestos del mundo que mayor catadura moral requiere para defender los derechos de los más débiles, Bachelet compartió con la prensa sus reflexiones sobre algunas de las situaciones que más le preocupan y dentro de las cuales Latinoamérica ocupó un espacio prominente.

“Entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17 % comparado con el mismo periodo del año pasado”, detalló Bachelet, quien detalló que esta violencia se ha centrando en afrodescendientes y habitantes de favelas.

Agregó que ello ha ocurrido en medio de “un marcado aumento de la violencia policial” y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”, dando la impresión de que “los agentes policiales están sobre la ley y que pueden matar sin preocuparse”.

Asimismo, la alta comisionada denunció que se van reduciendo los espacios para que los defensores de los derechos humanos trabajen y esto no sólo en Brasil -el quinto país del mundo donde más activistas han sido asesinados-, sino también en lugares como Colombia y México.

Sobre este último país, Bachelet defendió la necesidad de un diálogo entre las autoridades y la sociedad civil para afrontar problemáticas como el miedo en el que viven activistas y periodistas -con 13 y 11 asesinatos, respectivamente, en lo que va de este año-, los feminicidios y las desapariciones forzadas.

Como elemento positivo, la alta comisionada valoró la promesa del Gobierno mexicano de que reconocerá la competencia del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas para que pueda recibir denuncias directas de víctimas o sus familiares, y que sus integrantes puedan visitar el país.

Igualmente, Bachelet cree que con el diálogo puede superarse el mal momento que atraviesa el proceso de paz en Colombia tras el anuncio de un grupo de exlíderes de las FARC de que retomaban las armas.

La alta comisionada sostuvo que ésa no es la respuesta a las demoras que está teniendo la implementación de algunos puntos del acuerdo de paz, pero recalcó que tampoco lo es la “mano dura” con la que ha respondido el Gobierno.

Sostuvo que los largos años (casi medio siglo) que duró el conflicto armado colombiano a veces hacen olvidar lo que supuso y a lo que no se puede volver.

“Más de 220.000 muertos, el 80 %; más de cinco millones de civiles obligados a abandonar sus hogares y generando la segunda población de desplazados internos más numerosa del mundo, 7,6 millones de víctimas del conflicto ¿Realmente queremos regresar a esto?”, reflexionó la alta comisionada.

Bachelet también confió en que el diálogo que intenta mantener con el Gobierno venezolano haga posible que su oficina establezca “una presencia permanente” en el país para poder hacer un seguimiento de lo que ocurre desde dentro y no del exterior, como debe hacerlo actualmente.

Sobre las conversaciones que hay entre los integrantes del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucia y Venezuela) para presentar la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos una resolución pidiendo una comisión internacional que investigue las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Bachelet dijo que serán los países los que decidan lo que quieren.

Ella apuesta por que se permita que su personal trabaje directamente en el terreno “ya que creemos que podemos hacer un trabajo muy positivo allí”.

“Cualquier país puede enfrentar una situación así, pero lo importante es discutirlo alrededor de una mesa para encontrar soluciones”, defendió.

Bachelet expuso la grave situación en Siria, donde dijo que en las zonas desmilitarizadas de la provincia de Idleb se registró la muerte de más de 1.000 civiles -304 de ellos niños- entre el 29 de abril y el 29 de agosto pasados en bombardeos que, en su mayoría, pueden atribuirse a fuerzas gubernamentales y sus aliados.