La marcha boricua contra Ricardo Rosselló se fortalece. ¿Quién asume si él renuncia?

Miles de puertorriqueños marcharon el lunes para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, envuelto en un escándalo debido a declaraciones ofensivas que hizo en un chat privado.

Miles de banderas de Puerto Rico ondeaban con la brisa matutina mientras llegaban manifestantes provenientes de toda la isla.

Es una de las marchas más grandes jamás vistas en el territorio estadounidense, mientras isleños indignados prometen expulsar del cargo al gobernador.

Cientos de miles de personas empezaban a tomar una de las carreteras más transitadas de la isla para exigir la demanda de Rosselló, tras la filtración un chat lleno de insultos en el que participaban el gobernador y varios colaboradores, así como la presentación de cargos federales de corrupción contra su gobierno.

La manifestación en la capital San Juan ocurre un día después de que Rosselló declaró que no renunciaría al cargo, aunque prometió que no buscará reelegirse ni seguir al frente de su partido político, partidario de convertir al territorio en un estado de Estados Unidos. Sus declaraciones solo causaron más indignación entre sus críticos, que llevan más de una semana protagonizando protestas callejeras.

“El pueblo no se va a callar”, dijo Johanna Soto, de la ciudad nororiental de Carolina. “Eso es lo que él está esperando, pero somos más”.

“El Nuevo Día”, el diario de mayor circulación en la isla, se sumó a la presión titulando su noticia principal: “Gobernador, es hora de escuchar a la gente: tiene que renunciar”.

Los organizadores bautizaron a la marcha como “660.510 + 1”, en alusión al número de personas que votaron a Rosselló y una más, para rechazar su argumento de que no renuncia porque fue elegido por el pueblo.

El lunes será el 10mo día consecutivo de protestas, y se han convocado más para esta semana. El centro comercial más grande de la isla, Plaza de las Américas, cerró antes de la marcha, al igual que otras docenas de comercios.

En un video subido a Facebook el domingo por la noche, Rosselló reconoció la libertad de la gente para expresarse. También dijo que estaba deseando defenderse contra un juicio político, una posibilidad que sopesa la legislatura del territorio estadounidense.

“Los he escuchado”, dijo en el breve video. “He cometido errores y me he disculpado”.

Las 889 páginas de conversación en la aplicación cifrada Telegram, entre el gobernador y 11 aliados cercanos y miembros del gobierno, todos hombres, muestran al gobernador y sus colaboradores insultando a mujeres y burlándose de votantes, incluyendo las víctimas del huracán María.

Horas después de que Rosselló hablara el domingo, otro alto cargo del gobierno presentó su renuncia.

“Desafortunadamente los acontecimientos de las pasadas semanas, incluyendo las actitudes reflejadas en los comentarios de oficiales y asesores de la actual administración, no van a tono con mis valores y principios”, escribió Gerardo Portela, responsable principal de inversiones, presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico y director ejecutivo de la Autoridad de Financiamiento a la Vivienda.

Desde que se filtró el chat el 13 de julio, cientos de miles de puertorriqueños han marchado hasta la residencia oficial de Rosselló, en el movimiento de protesta más grande en la isla desde que los puertorriqueños salieron a la calle y lograron poner fin a las maniobras de la Marina estadounidense en la isla de Vieques hace más de 15 años.

Ramphis Castro, de Guayama, llegó a San Juan el domingo por la noche tras conducir más de una hora para preparar la marcha del lunes. Dijo estar enfadado por el comunicado de Rosselló del domingo.

“¿Cuándo va a decir que va a renunciar?”, exclamó Castro. “Esto hace que se enoje más el pueblo”.

¿Quién controlaría el Gobierno si Rosselló renuncia?

La polémica llega mientras el territorio estadounidense trata de recuperarse del huracán María y reestructurar parte de los 70.000 millones de dólares en deuda tras 13 años de recesión, en un territorio con más de tres millones de ciudadanos estadounidenses pero que no tienen una representación plena en el Congreso ni pueden elegir al presidente del país.

Normalmente, un gobernador que renuncia sería sustituido por el secretario de Estado de Puerto Rico, pero Luis Rivera Marín dejó el cargo en medio del escándalo por el chat, de modo que la siguiente en la línea de sucesión sería la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

La presión para que Rosselló renuncie ha ido creciendo conforme las filas de los que pedían su marcha iba incluyendo a las superestrellas puertorriqueñas de la música Ricky Martin, Bad Bunny y Residente, así como una serie de políticos estadounidenses, incluyendo congresistas de ambos partidos, varios aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia y la representante sin voto de Puerto Rico en el Congreso.

Rosselló fue elegido gobernador en noviembre de 2016 con casi el 50% de los votos, y ya había anunciado sus planes de buscar un segundo mandato. Es un graduado del MIT con un doctorado en genética, hijo del ex gobernador boricua Pedro Rosselló, que voló a la isla para recabar apoyos tras la difusión del chat.

El gobernador pertenece al Partido Nuevo Progresista que busca que la isla obtenga reconocimiento como estado, y también es demócrata. Pasa la mayor parte de su tiempo tratando de obtener fondos federales desde que el huracán María arrasó con Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, y combatiendo las medidas de austeridad implementadas por una junta federal de control creada por el Congreso para supervisar las finanzas del gobierno isleño.

Las manifestaciones en contra de Rosselló provocaron que al menos cuatro cruceros cancelaran sus visitas a Puerto Rico, y muchos funcionarios han expresado su preocupación sobre el impacto que una posible renuncia tendría sobre la ya frágil economía de la isla justo cuando intenta reconstruirse tras el paso de María, un huracán de Categoría 4 cuyos daños se calculan en cerca de 100.000 millones de dólares.

Otra preocupación es la reciente ola de arrestos por cargos federales de corrupción en contra de funcionarios de Puerto Rico, incluyendo a la ex secretaria de Educación Julia Keleher.