Decenas de organizaciones haitianas reclaman la renuncia de Moise
Un grupo de 107 organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas haitianas reclamaron este viernes la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise, a través de un documento en el que plantean un 'Gobierno nacional de rescate y una transición exitosa'.
'En nombre de la nación haitiana, nos dirigimos a usted, señor Presidente de la República, para reconocer la bancarrota de su gestión en los asuntos públicos y para pedirle que entregue su renuncia a la nación', dice el comunicado.
Las organizaciones de empleadores, agricultores, de mujeres y jóvenes, comunitarias, de derechos humanos y los sindicatos, son los principales signatarios del documento.
'Haití está en una situación caótica que anuncia un desastre humanitario inminente', denunciaron esas entidades, al tiempo de afirmar que el Gobierno ha perdido el control del aparato estatal.
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Esas organizaciones invitan a todos los sectores a unirse en un único bloque de solidaridad en torno a su planteamiento, para entablar un debate en profundidad con vistas a encontrar una solución duradera a la crisis.
Asimismo, pidieron a todas las fuerzas sociopolíticas del país para que respondan a su posición y asuman sus responsabilidades, 'actúen como ciudadanos responsables' y acepten los sacrificios necesarios para resolver la crisis.
Entre otras organizaciones firmantes figuran, la Cámara de Comercio e Industria de Haití; la Asociación de Industrias Haitianas; Brigada Sindical Anticorrupción, Movimiento Unificado de Transportistas Haitianos; Confederación Nacional de Vudú de Haití; Asociación de Pequeños Campesinos Haitianos y Plataforma Nacional de Sindicatos del Transporte.
En este documento, los firmantes acuerdan que la sociedad debe participar en el establecimiento de un acuerdo político cuyo objetivo principal sea establecer y apoyar una transición pacífica y ordenada.
Estas organizaciones abogan, en particular, por el restablecimiento del orden público, la recuperación de la administración pública y la regularización del funcionamiento de servicios públicos.
Por igual, la aplicación de un programa de emergencia para los grupos más vulnerables, el relanzamiento de las actividades económicas, la gestión ordenada de las finanzas públicas, el seguimiento de los expedientes relativos a la gestión de los fondos del Petrocaribe y de cualquier otro expediente relacionado con la corrupción y la apropiación indebida de bienes públicos.
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