Comisión de la Verdad colombiana pide un cese a grupos ilegales por COVID-19

Bogotá, 27 mar (EFE).- La Comisión de la Verdad pidió este viernes a los grupos armados ilegales que operan en Colombia que cesen sus actividades ante la 'emergencia humanitaria y sanitaria' por la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 491 casos confirmados, de los cuales seis murieron y ocho se recuperaron.

El presidente de la comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, hizo un 'llamado urgente a todas las organizaciones armadas al margen de la ley que todavía operan en el país a cesar de inmediato sus actividades de amenazas, secuestros, desaparición forzada, confinamientos, hostigamientos, desplazamiento forzado, asesinatos y cualquier otra forma de violencia contra la dignidad humana'.

'Mientras esta epidemia va teniendo consecuencias cada vez más devastadoras, en distintas regiones del país los líderes sociales siguen siendo asesinados y muchas comunidades se encuentran en medio de la confrontación armada, sometidas mediante la intimidación de las armas, al miedo y al terror', agregó De Roux en un comunicado.

La Comisión forma parte del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016 y que incluye la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El llamado de De Roux se suma al hecho el pasado 23 de marzo por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien demandó un 'alto el fuego mundial' que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus.

VIOLENCIA EN LAS REGIONES

Desde la semana pasada, varias regiones de Colombia entraron en aislamiento obligatorio que desde el miércoles se expandió al resto del país cuando comenzó una cuarentena decretada por el Gobierno Nacional hasta el 13 de abril.

Durante esos días, varios líderes sociales fueron asesinados en el país como es el caso de Carlota Isabel Salinas Pérez, dirigente de la Organización Femenina Popular de Colombia (OFP).

La mujer fue asesinada a tiros el pasado 24 de marzo en San Pablo, localidad ubicada en el departamento caribeño de Bolívar (norte), en la víspera de la cuarentena por el COVID-19.

Por otra parte, la semana pasada fue asesinado Marco Rivadeneira, líder social y campesino del departamento colombiano del Putumayo (fronterizo con Perú y Ecuador), en un ataque perpetrado por desconocidos en la localidad de Puerto Asís.

Según el informe anual sobre el país de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en febrero, 108 defensores de DD.HH. fueron asesinados en Colombia el año pasado.

Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que en lo que va de 2020 han sido asesinados al menos 24 líderes sociales.

DOLOR E INCERTIDUMBRE

De Roux pidió a los grupos ilegales no 'mantener a las personas y a las comunidades bajo los rigores de la guerra en las actuales circunstancias', pues considera que eso 'es aumentar el dolor y la incertidumbre'.

Agregó que esto ocurre mientras 'el Estado y el conjunto de la sociedad hacen enormes esfuerzos por contener la epidemia'.

Manifestó además que 'la gravedad de la situación que enfrentamos nos impone a todos anteponer la solidaridad humana y el cuidado de la vida y la salud por encima de cualquier consideración política, económica o militar'.

'Ustedes mismos muy posiblemente pueden ser víctimas de esta epidemia universal o convertirse en responsables de su expansión y de miles de muertos. Es cuestión de humanidad, de mínimos éticos universales, de solidaridad y de sobrevivencia individual y como especie', apostilló De Roux. EFE