Cientos de miles de brasileños piden cárcel para Lula en víspera del “juicio final”
SAO PAULO. Decenas de miles de manifestantes pidieron este martes en numerosas ciudades de Brasil que la corte suprema autorice el miércoles la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a seis meses de las elecciones presidenciales en las cuales el líder de la izquierda sigue siendo favorito.
Tan solo en Sao Paulo, siete camiones de sonido animaban a la multitud a lo largo de la céntrica Avenida Paulista, al grito de “Lula nunca más” y aclamaciones al juez Sergio Moro, que el año pasado condenó al exmandatario a nueve años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. La sentencia fue confirmada este año por un tribunal de apelación, que elevó la pena a 12 años y un mes de reclusión.
“Queremos que Brasil se libere de esa corrupción vergonzosa, que Lula vaya preso, que Brasil dé vuelta la página”, decía Mara Massa, una empresaria de 67 años, en la protesta.
Otras marchas se llevaron a cabo en Rio de Janeiro, Belo Horizonte y la mayoría de las capitales de los estados brasileños, en su mayoría convocadas por el movimiento Vem Pra Rua, que tuvo un papel activo en la agitación que acompañó en 2016 la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.
Los partidarios de Lula organizaron, por su lado, concentraciones en Salvador (noreste) y un puñado de ciudades, pero preparan movilizaciones mayores el miércoles, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) decida si concede a Lula el derecho de apelar en libertad su condena ante un juzgado de tercera instancia y ante el propio STF.
Si el pedido (habeas corpus) es aceptado por una mayoría de los 11 magistrados del STF, el caso podría extenderse durante años y Lula podría seguir haciendo precampaña electoral. Pero si es rechazado, el líder del Partido de los Trabajadores, de 72 años, podría ser detenido para purgar su larga condena por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras.
En el clima áspero que se agravó tras los disparos efectuados el 27 de marzo contra una caravana proselitista de Lula por el sur, la Central Única de Trabajadores (CUT) realizará desde este martes una vigilia ante el domicilio del líder de la izquierda en Sao Bernardo do Campo (estado de Sao Paulo).
“La condena del expresidente Lula es política, sin ninguna prueba. El presidente es inocente y todos lo saben. Solo quieren impedir que Lula sea candidato en las elecciones de este año”, dijo el presidente de la CUT, Vagner Freitas.
Cualquiera sea la decisión del STF, tendrá una enorme repercusión sobre unas elecciones que se anticipan como las más inciertas desde el retorno de la democracia a Brasil en 1985.
“No es una exageración afirmar que este es probablemente uno de los juicios más importantes de la historia del STF”, afirmó la fiscal general de la República, Raquel Dodge.
Dodge se pronunció por el respeto de la norma que puede llevar a Lula a la cárcel. La existencia de cuatro instancias de apelaciones es “una exageración que aniquila al sistema de la Justicia, porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla”, declaró la fiscal en una reunión con juristas en Brasilia.
Presiones
La sesión del STF empezará el miércoles a las 14H00 de Brasilia (17H00 GMT). El máximo tribunal tendrá su esquema de seguridad reforzado. Las calles adyacentes al edificio serán bloqueadas y se colocarán vallas y un cordón policial para mantener separados a los manifestantes, dijo la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
La presión sobre los magistrados tuvo nuevos capítulos el lunes, cuando abogados, jueces y fiscales de grupos antagónicos llevaron al STF escritos separados con miles de firmas para defender las dos posiciones en pugna.
En un acto el lunes por la noche en Rio de Janeiro, Lula se mostró desafiante. “No acepté la dictadura militar y no aceptaré la dictadura del Ministerio Público y de Moro”, manifestó.
La agudización de los enfrentamientos llevó a la presidenta de la corte suprema, Carmen Lucia, a hacer un inusual llamado por la paz social.
Pero el propio STF no es ajeno a la polarización.
El caso enfrenta a jueces “garantistas” y a defensores de la Operación Lava Jato, que desvendó una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos, que son vistos como más severos y partidarios del uso de la prisión preventiva y del cumplimiento anticipado de las penas.
Divididos, los 11 integrantes del STF debatirán un caso que, si bien es específico, podría llegar a indicar a los tribunales inferiores un cambio en la interpretación constitucional que permite encerrar a condenados en segunda instancia.
La última discusión de este tema terminó con un ajustado 6 a 5 en favor de la jurisprudencia vigente.
por Paula RAMON / con Damián WROCLAVSKY en Brasilia