Cientos de habitantes de Galápagos no pueden volver a casa

QUITO (AP) — Al menos unos 2.300 habitantes de las islas Galápagos permanecían el miércoles varados en Guayaquil y otras ciudades del territorio continental ecuatoriano debido a que, desde mediados de marzo, el gobierno decretó la suspensión de vuelos nacionales e internacionales para frenar la pandemia del nuevo coronavirus.

“Yo llegué a finales de febrero para hacer unos trámites y cuando quise volver ya no hubo manera por toda la situación. Yo estoy en la casa de mi hermana y durante este tiempo me he estado comiendo mis pocos ahorros para subsistir”, dijo José Coque, de 55 años, quien es habitante de la isla Isabela. Añadió que “hay algunas personas que están en situación complicada. Ya se les acabó la plata y no tienen manera de seguir en Guayaquil”.

Las autoridades han impedido el viaje de retorno a las islas por el temor al contagio masivo de COVID-19 y porque no pueden someter a todos los varados a pruebas de detección del virus antes de que emprendan viaje a ese archipiélago ecuatoriano, a 1.000 kilómetros del suelo continental, donde no hay una adecuada infraestructura hospitalaria como para atender a un número alto de enfermos y menos de personas en cuidados intensivos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, Galápagos tiene 60 casos confirmados y un fallecido por COVID-19, mientras que Ecuador suma 24.675 casos confirmados y 883 muertos por la pandemia.

Desde Colombia, ante centenares de empresarios congregados en un encuentro virtual, el presidente Iván Duque señaló el martes por la noche que su gobierno no se puede quedar en la incertidumbre de lo que ocurrirá a futuro por el virus, que en el país ha dejado 5.949 infectados y y 269 fallecidos.

“Estamos transitando por un mar de incertidumbres y tempestades nunca antes vistas en Colombia. Hay que tener claro que al país hay que reactivarlo y no caer en el falso dilema de poner en situaciones opuestas a la salud y la vida con el desarrollo humano, económico y social de una nación. El coronavirus es una enfermedad que merece siempre tenerle todo el respeto”.

En la cárcel de Villavicencio, al sur de Colombia, donde hay un alerta sanitaria debido a que la mayoría de los internos están contagiados de COVID-19, se presentó la víspera una resistencia de los presos, que por varias horas no querían ingresar a los pabellones. Después de dialogar con los directivos, accedieron a volver a sus celdas. De las 412 personas que están en ese centro penitenciario 312 —270 internos y 42 guardias— están contagiados y tres han fallecido.

En otros temas, desde que se inició la cuarentena obligada que finalizaría este 11 de mayo, las autoridades colombianos han sancionado más de 227.000 personas en todo el territorio por incumplir la medida de aislamiento obligatorio, toques de queda, no usar tapabocas y por violar la restricción de bebidas alcohólicas, con una multa en dinero de 225 dólares.

En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez amplió hasta el 15 de mayo la cuarentena que rige desde el 22 de marzo y que debía finalizar el 30 de abril, en momentos en que la curva de contagios sigue en ascenso. Autoridades y expertos anticipan que mayo podría ser más crítico. La medida se flexibilizará gradualmente desde el 11 de mayo según la evolución de la pandemia en las nueve regiones del país, dijo la mandataria, pero advirtió que en aquellas donde se “descontrole la epidemia, volverá una cuarentena rígida”.

Áñez anunció la ampliación en un mensaje al país y tras un día y medio de reunión con su gabinete en medio de presiones de autoridades regionales que piden mantener el aislamiento y sectores empresariales que plantean flexibilizar la medida para evitar un mayor deterioro económico. El país registra 998 contagios y 55 fallecidos.

A pocos metros del palacio presidencial y en medio de fuertes pugnas políticas, la Asamblea Legislativa debatía una proyecto de ley para fijar una nueva fecha de las suspendidas elecciones presidenciales que debían celebrarse el 3 de mayo. El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales y que controla la mayoría, pugna por celebrar los comicios en julio para evitar que el período de transición se prolongue, pero legisladores de los otros partidos señalan que los comicios deben realizarse cuando los riesgos disminuyan y la epidemia ceda. El Tribunal Supremo Electoral ha propuesto finales de julio, agosto o septiembre como posibles fechas.

Tras una violenta crisis política que obligó a Morales a renunciar, Áñez asumió en noviembre con la misión de organizar nuevos comicios en tres meses, pero una difícil transición política y ahora la pandemia han obligado a extender el mandato de la presidenta, quien también es candidata por una alianza de centroderecha. Morales vive refugiado en Argentina.

Por su parte, el ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, informó la primera muerte entre el personal de salud: una mujer que entregaba horas de atención por ventanilla contagiada fuera del hospital donde trabajaba. Agregó que una de sus compañeras tiene el virus. En el país hay 700 funcionarios del área médica infectados y unos 2.000 que cumplen cuarentena preventiva.

Mañalich añadió que en Chile, con 14.885 contagiados y 216 fallecidos, hay una “ocupación bastante baja de camas”, por lo que desde el jueves se reanudarán las cirugías electivas que no requieran más de una noche de hospitalización ni el uso de ventiladores mecánicos.

La nación sudamericana, con 18 millones de habitantes, tiene 44.000 camas hospitalarias y poco más de 1.600 ventiladores mecánicos, que se incrementarán a unos 4.200 en junio.

Por otro lado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el miércoles la falta de protección a migrantes en Latinoamérica, describiendola como una “fuente de preocupación”.

Hablando en una videoconferencia, Bachelet dijo que hay inmigrantes deportados a Guatemala que habían dado positivo en pruebas de coronavirus. También dijo que en México hay comunidades que construyen barricadas para impedir el retorno de los deportados.

“La pandemia está generando una ola de estigma y discriminación alrededor del mundo contra grupos étnicos, contra aquellos de quienes se sospecha sufren COVID-19 y contra trabajadores de la salud', dijo Bachelet. “Debemos trabajar juntos para combatir esta tendencia que se nutre de la ignorancia y el miedo”.

En América Latina hay más de 182.500 contagiados y unos 9.400 muertos.

El coronavirus ha infectado a más de 3,1 millones de personas y causado la muerte a más de 219.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas, pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.