Apresan al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

La oposición venezolana recibió un nuevo golpe: la policía política detuvo al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, para poder enjuiciarlo tras el fallido alzamiento militar que Juan Guaidó encabezó el 30 de abril.

La situación se anticipaba desde la semana pasada, cuando el máximo tribunal informó sobre la apertura de un proceso contra Zambrano por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia.

Al momento de la detención, Zambrano estaba a las afueras de las oficinas de su partido en una barriada al norte de Caracas. Poco después escribió en su cuenta de Twitter: “Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha”.

Zambrano es uno de varios opositores a los que el gobierno de Nicolás Maduro ha retirado su inmunidad en días recientes para responsabilizarlos por la afrenta que pretendía derrocarlo.

Dos horas antes de su detención, Zambrano dijo en conversación telefónica con la AP que no pensaba ocultarse porque “no he cometido ningún delito”.

Las acciones de Maduro contra sus rivales han sido percibidas como un intento para frenar nuevas sublevaciones y atenuar la crisis política y militar que quedó al descubierto tras el alzamiento que parecía haber alcanzado a los altos mandos del gobierno, reconocieron analistas consultados por AP.

Diosdado Cabello, uno de los aliados más cercanos del presidente, se mostró complacido por la detención de Zambrano, a quien señaló de ser “uno de los jefes principales del golpe”.

“Ellos creen que no va a haber justicia, aquí va a haber justicia”, agregó en su programa semanal de radio y televisión.

El miércoles temprano, Maduro ordenó la expulsión y degradación del general de división Manuel Cristopher Figuera, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes y tenientes y 36 sargentos.

La salida de Figuera de la dirección del SEBIN fue anunciada el 30 de abril tras el fracasado alzamiento militar. Maduro dijo que el general en jefe Gustavo González López regresaba a la dirección de ese cuerpo. Figuera había asumido la jefatura del SEBIN en octubre luego de la remoción de González López tras el escándalo por la muerte de un concejal opositor que según las autoridades se suicidó en una sede capitalina de la policía política poco después de su detención. La oposición rechazó esa versión y responsabilizó a González López de la muerte.

Estados Unidos levantó la víspera las sanciones contra Figuera, acción que fue asumida desde Venezuela como un intento para animar a otros funcionarios aliados a Maduro para rebelarse contra el gobernante. El mismo mandatario lo catalogó el miércoles como una falta de respeto al “honor” y la “dignidad” de la Fuerza Armada venezolana.

Zambrano y Figuera no eran los únicos en la mira del gobierno. El martes el máximo tribunal dijo en un comunicado que los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco y Mariela Magallanes --quien está actualmente en la residencia del embajador italiano en Caracas-- serán procesados por los mismos señalamientos que Zambrano.

Se agregó que por incurrir en la “comisión flagrante de delitos comunes” no se procederá a realizar el antejuicio de mérito a los diputados, un proceso establecido en la constitución para retirar la inmunidad parlamentaria.

El dirigente del partido opositor Acción Democrática, diputado Carlos Prosperi, salió el mismo miércoles en defensa de sus colegas y acusó al Tribunal Supremo de seguir “violando” la constitución y las leyes.

“No nos vamos a doblegar ante las adversidades”, dijo Prosperi a la AP al descartar que las acciones del gobierno fueran a atemorizar a los opositores.

Algunos de los dirigentes procesados habían aparecido junto a Guaidó durante el fallido alzamiento militar a las afueras de una base aérea de Caracas.

Los últimos contra quienes se inició un proceso judicial por los mismos delitos fueron los diputados opositores Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía.

Tras la escalada de las tensiones políticas por las acciones contra los opositores, Guaidó, de 35 años, retó el miércoles al gobierno y dijo durante una visita a su estado natal de Vargas que “vamos a continuar”. El político, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, afirmó que como Maduro ya “no tiene mando ni respeto” su única respuesta es la “persecución”.