Suicidio de arquitecto despertó en 2015 el “monstruo” dentro de la OISOE Hospital Darío Contreras no sana de polémica inversión

SANTO DOMINGO. El suicidio de un arquitecto en un baño del edificio que aloja la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), un viernes 25 de septiembre, revolvió nuevamente los cuestionamientos a prácticas corruptas que periódicamente se hacen a esta institución pública.

Una alegada nota atribuida al suicida y declaraciones familiares, permitieron que las autoridades concluyeran que David Rodríguez decidió terminar con su vida al estar agobiado por alegadas deudas contraídas por préstamos tomados a dos empleados de la OISOE para la remodelación de la escuela Francisco del Rosario Sánchez, en Peralvillo, Monte Plata.

La trágica acción generó una investigación, y motivó a otros constructores a denunciar más transacciones corruptas en el acelerado programa de construcción de escuelas que ejecuta el Gobierno.

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) denunciaron la existencia en la OISOE de una “mafia” que extorsionaba a los contratistas para que tomaran préstamos con tasas de interés altas, bajo la amenaza de quitarles las obras que ganaron en los sorteos públicos.

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero, interrogó a dos ingenieros citados por el suicida en el manuscrito encontrado: el exempleado Alejandro de los Santos y el empleado Joel Soriano. También, al exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel, y al exdirector técnico, José Florencio.

Soriano guarda prisión preventiva en la cárcel de La Victoria, adonde fue enviado junto a De los Santos y Julio Pérez, por su presunta implicación en el caso.

Las escuelas siguieron cuestionadas

En 2015, el programa de construcción de escuelas fue también objeto de cuestionamientos por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuyo presidente, Eduardo Hidalgo, denunció la venta de contratos por ingenieros ganadores de los concursos, y el levantamiento de recintos en lugares con poca demanda estudiantil.

En noviembre, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), denunció la sobrevaluación en las reparaciones de escuelas, adjudicación grado a grado, exclusión de ganadores, cambios en los presupuestos, exigencias a los contratistas a comprar a proveedores específicos, y para subcontratar y entregar comisiones en efectivo.

Procurador Domínguez Brito

Tras pasar un año intenso, se complicó más su función, al denunciar en noviembre ante el Consejo del Poder Judicial, que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar la libertad de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

Senador Félix Bautista

El congresista del partido oficialista fue descargado de acusaciones de corrupción administrativa. El No Ha Lugar dictado a su favor el 27 de marzo, generó protestas por la inconformidad también por otro No Ha Lugar que favoreció ese mismo día al alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, acusado de malversar RD$400 millones. El 21 de octubre, la Suprema Corte de Justicia ratificó el No Ha Lugar dado al caso del legislador.

Embajador James Brewster

Casi terminando el año, el 25 de noviembre, emitió unas declaraciones en un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, cuestionando los altos niveles de corrupción en la sociedad. Fue objeto de críticas ese mismo día y los siguientes. Ya en abril, había hecho unos comentarios similares, cuando dijo que la corrupción eleva 10 % el costo de las empresas y exige una solución dominicana para erradicarla.

El presidente Danilo Medina inauguró el 23 de febrero el remodelado hospital traumatológico Darío Contreras, en Santo Domingo Este. Lo que se promovía como un centro con modernas instalaciones para atender una demanda creciente de pacientes, con el pasar de los días se tornó en otra denuncia de corrupción pública.

Personal médico se quejó de que se abrió al público sin áreas terminadas y con errores de diseño. Además, en mayo, la prensa denunció que la ampliación y equipamiento del hospital costó RD$1,500 millones, cuando la licitación se adjudicó por RD$886.5 millones.

La explicación sobre el costo dada por el exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh, fue que en principio se presupuestó un monto, y varió al determinarse que la infraestructura estaba dañada casi en su totalidad y se decidió construir una nueva.

Medina destituyó a Pimentel en medio de los cuestionamientos a la obra, que aún persisten.

Acusación de malversación de fondos

Tuvo una carrera exitosa como pelotero, pero como alcalde de San Cristóbal fue sometido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por presunta malversación de más de RD$200 millones. El caso se mantiene en los tribunales.