Gobierno estandariza requisitos para convocar procedimientos de compra en emergencia

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dará a conocer este miércoles un manual que estandariza los requisitos mínimos que deben cumplir las instituciones al convocar procedimientos declarados de emergencia.

Este manual incluye recomendaciones de la Comisión de Veeduría para frenar el COVID-19, informó este martes el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

Agregó que atendiendo solicitudes de varias entidades, entre las que se destacan la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y Confederación Dominicana de la Pequeña y Medianas Empresas (Codopyme), se ha establecido que aquellas industrias, empresas y personas físicas que aún no se encuentran inscritas en el Registro de Proveedores del Estado podrán hacerlo con requisitos simplificados, en línea.

"Todos aquellos que completen su solicitud a primera hora, recibirán su registro de proveedores de manera digital, en el mismo día", dijo en declaraciones al país la noche de este martes.

Añadió que a partir de hoy la Comisión de Alto Nivel, la cual coordina, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, pone a circular el Boletín de Procesos de Emergencia Activos: COVID19.

Este boletín incluye los procesos activos, es decir en los cuales aún hay tiempo de presentar ofertas, de compras declaradas de emergencia con la siguiente información: institución, qué se quiere comprar, fecha en la que se realiza la convocatoria, y fecha límite para presentar ofertas. Además de un enlace que lleva directamente al procedimiento en el que se tiene interés.

Aseguró que el boletín está disponible a partir de hoy en la página oficial www.coronavirus.gob.do y en la página de la Dirección General de Contrataciones Públicas para el acceso de todos los interesados.

La guía de estandarización de los procesos de emergencia establece que entre la publicación de lo que se necesita comprar y la fecha de entrega de ofertas, debe haber un plazo mínimo de dos días.

Las instituciones públicas tendrán un plazo no mayor a 72 horas para evaluar las ofertas y adjudicar los bienes incluidos en el proceso que se trata.